En la reactivación de esta mesa política, líderes de los institutos políticos en Morelos coincidieron en la necesidad de emprender acciones para evitar que la delincuencia organizada se infiltre en el próximo ejercicio de democracia.
Dentro de los primeros planteamientos que se abordaron en este encuentro fueron transparentar información de los candidatos a un puesto de elección popular, así como el origen de los recursos para las campañas políticas.
En este sentido, los partidos de oposición, el PRI y el PAN, en voz de sus dirigentes estatales, condicionaron la firma de este pacto en base a dos planteamientos. El primero, a propuesta de Acción Nacional, fue que el Poder Ejecutivo debe admitir la gravedad del problema de seguridad en Morelos; el segundo, hecho por el Revolucionario Institucional, que se garantice desde el gobierno del estado que no se hará uso de recursos públicos a favor de algún partido o candidato.
Rodolfo Becerril Straffon, líder del tricolor dijo que "ante la presunción" de que pudiera mal utilizarse el presupuesto del estado a favor del partido en el gobierno, que es el PRD, se requiere de un compromiso en papel por parte del Poder Ejecutivo.
Por su parte, el dirigente del blanquiazul, Óscar Velasco, manifestó que Morelos vive la peor situación en seguridad y por consecuencia en economía, sin embargo, las autoridades del gobierno del estado se niegan a reconocer el grave problema.
Al respecto, dijo que el PAN no podría firmar un pacto por la seguridad en el proceso electoral 2015, sino se reconoce el problema.
En tanto, la representante del partido Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega, dijo que el gobierno del estado debe garantizar que los acuerdos tomados en esta Mesa de los Consensos por una Sociedad de Derechos no quedarán plasmados solamente en un papel, sino que los acuerdos se llevarán a la práctica.
El líder del Sol Azteca en Morelos, José Luis Correa Villanueva, dijo que además del acuerdo "Manos Limpias" impulsará una propuesta para modificar el artículo 115 constitucional, y que se entregue la facultad de la seguridad pública al estado y deje de ser competencia de los municipios.
Ante el planteamiento de cinco puntos para reinstalar dicha mesa de diálogo por parte del Ejecutivo, como emprender acciones encaminadas al proceso electoral y el impulso de iniciativas de ley, se determinó que la próxima semana desceñirán para definir los detalles.