Lucero Benítez Villaseñor, titular de la comisión, aseguró que los militares cumplieron con el objetivo de interrogar a los policías de Amacuzac, sin violar en ningún momento su integridad, autorizando de antemano la inspección de sus viviendas y respetando las funciones de su trabajo.

Los militares, quienes viajaban a bordo de dos unidades, se dieron a la tarea de localizar e interrogar a los uniformados adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Amacuzac, (siete de ellos se encontraban “francos”), para ser interrogados en torno a las armas de cargo que utilizan y si en su domicilio contaban con más.

Dijo que según información de Carlos Alberto Luna Figueroa, director de Seguridad Pública, el banco de armas no fue objeto de revisión por parte de miembros del Ejército, terminando dicho operativo aproximadamente a las veintidós horas.

Precisó que el organismo levantó un acta circunstanciada para los efectos legales a que haya lugar. Demostrando por parte de elementos del Ejército Mexicano, prudencia, cordura y respeto a las garantías básicas de los derechos humanos.