El juez determinó que será el próximo lunes 12 de enero cuando se celebre otra audiencia más, en la que se determinará si los detenidos son o no vinculados a proceso de investigación.

Este jueves, familiares de los detenidos se manifestaron afuera del edificio donde se ubican las Salas de Juicios Orales, en la calle Morrow del centro de Cuernavaca, pues insistieron que las autoridades pretenden implicarlos con el delito de secuestro en contra del funcionario, pero a su juicio, los implicados no incurrieron en dicho ilícito.

El pasado 14 de noviembre, pobladores del municipio de Huitzilac, al norte de Morelos, cerraron los accesos del Distrito Federal a la ciudad de Cuernavaca, pues exigían la aparición de un taxista que fue secuestrado y que hasta el momento no ha sido localizado.

El pasado miércoles, el ex presidente municipal (2003-2006), su hijo y dos personas más, fueron detenidos por elementos de la Policía de Investigación Criminal, que dieron cumplimiento a una orden de aprehensión.

Las personas que presuntamente están implicadas en la privación de la libertad del funcionario son Rafael Vargas Núñez, de 26 años; Rafael Vargas Zavala, de 57 y ex edil de Huitzilac; Misael Nicolás Rojas, de 36, y Víctor Ramírez Yáñez, de 60, quienes se negaron a rendir su declaración durante la audiencia de formulación de imputación.

Los imputados pidieron definir su situación legal el próximo lunes para reunir las pruebas necesarias que les permita obtener su libertad.

La audiencia se celebró en los Juzgados del penal de Atlacholoaya, pues la manifestación obligó al personal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) cambiar el lugar para evitar algún tipo de confrontación con los manifestantes.

De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público, la tarde del 14 de noviembre de 2014, las cuatro personas imputadas –junto con 150 personas más– bloquearon la carretera federal para exigir la presencia de las autoridades y la localización de Alfonso “N”, un joven taxista que un día anterior fue secuestrado.

El secretario de Gobierno arribó al municipio para tratar de dialogar con los habitantes, pero los pobladores, presuntamente, los retuvieron y agredieron física y verbalmente.

Según los datos aportados por la Fiscalía en la audiencia de ayer, Víctor “N” insultó a Quiroz Medina, mientras que Rafael “N” lo tiró al suelo para golpearlo, en tanto que Gilberto “N”, escolta del funcionario, fue azotado contra una camioneta.

El Ministerio Público fundó su acusación en el hecho de que el presunto secuestro se llevó a cabo cuando privaron a las víctimas para hacerles algún tipo de daño y el grado de participación de las cuatro personas fue en coautores materiales con dolo.

Los abogados de los imputados trataron de evitar la prisión preventiva, solicitándole a la juez Elvia Terán Peña que les otorgara otra medida cautelar, pero se negó porque se trata de un delito grave que es sancionado hasta con 90 años de prisión.

Afuera del penal de Atlacholoaya, elementos del Mando Único implementaron un dispositivo policiaco para resguardar el orden mientras se celebraba la audiencia.