La juez penal del Primer Distrito Judicial, Elvia Terán Peña, definirá en las próximas horas la situación jurídica de las cuatro personas que son acusadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de haber retenido por más de ocho horas al funcionario al que, según la autoridad, golpearon junto con un guadaespaldas.

Este lunes por la mañana se celebró la audiencia para determinar la situación jurídica de los cuatro detenidos, pero dos de ellos (el ex edil y su hijo) pidieron a la juez la oportunidad de rendir su declaración preparatoria sobre los hechos y aportar pruebas con las que intentan comprobar que ellos no participaron en la agresión de la que fue víctima el encargado de la política interna del Estado. Los otros dos detenidos se negaron a rendir su declaración.

En la audiencia que se llevó a cabo en la Sala Única de Juicios Orales del penal de Atlacholoaya en el municipio de Xochitepec, la defensa del ex edil y de su hijo presentó cuatro testigos, mientras que la fiscal encargada del caso realizó un contrainterrogatorio a los mismos con el propósito de comprobar que el funcionario fue obligado a permanecer en el lugar, hasta que fue rescatado por elementos del Mando Único en las oficinas de la Ayudantía Municipal.

Padre e hijo, al declarar frente a la juez, indicaron que el día de los hechos ellos se dirigían a un sepelio en el Distrito Federal, cuando se percataron de que los vecinos tomaron la carretera y fue cuando llegó al lugar el secretario de Gobierno, acompañado por dos elementos de seguridad, pero indicaron que a las cinco de la tarde decidieron marcharse.

Negaron haber participado en la agresión, ni tampoco obligaron al secretario a encerrarse con otras autoridades en las oficinas de la Ayudantía Municipal.

Cabe señalar que uno de los guardaespaldas fue golpeado y atendido en el lugar por paramédicos que ahí se encontraban a bordo de una ambulancia.

La defensa particular presentó como prueba un video que contenía imágenes y notas informativas de los noticieros, en el que Quiroz Medina -a pregunta de una reportera- señala que no estaba retenido, pero esta prueba fue objetada por el ministerio público porque el criminalista que realizó la prueba no tenía la escolaridad requerida para realizar el peritaje.

El que también fue obligado a rendir su declaración sobre los hechos fue el fiscal metropolitano Ricardo Flores, quien explicó la manera en que se integró la carpeta de investigación y por qué a su juicio se trata de un secuestro calificado.

Cabe señalar que la Policía de Mando Único montó un dispositivo de seguridad afuera del penal de Atlacholoaya, con más de 30 elementos para guardar el orden, pero en esta ocasión no hubo manifestantes.

La juez Terán Peña refirió que tendría que valorar las pruebas aportadas por la FGE, que insistió que sí hubo secuestro, pues al funcionario retenido no se le permitió abandonar el lugar.

Aunque todos los testigos que se presentaron en la audiencia de ayer, coincidieron en señalar que Matías Quiroz Medina estuvo en el lugar por su propia voluntad, tanto así que se movía de un lado a otro, y éste desde un principio dijo que no se iría del lugar hasta darle solución al conflicto.

Los testigos por su parte señalaron que tomaron la carretera como una acción de protesta, ya que el 14 de noviembre por la madrugada fue secuestrado en el poblado de Tres Marías un taxista de 25 años, quien hasta el momento no ha sido localizado, y que cerca de 300 pobladores decidieron bloquear la autopista y la carretera federal para obligar a la autoridad a montar un operativo que permitiera localizar al joven.

La defensa por su parte manifestó la posibilidad de que la juez pueda reclasificar el delito de secuestro agravado a lesiones leves y que ello permitiría a los detenidos obtener su libertad con el pago de una fianza, pero tendrían que enfrentar un juicio penal.

La audiencia fue suspendida, pero trascendió que sería después de las 22 horas de ayer, cuando la juez daría a conocer si los imputados deberán o no permanecer en prisión.