Los docentes, que caminaron desde El Calvario hasta el zócalo, señalaron que junto a la lucha social, siguen el camino legal con una demanda de amparo.
Voceros de la organización destacaron que en estas fechas ya corresponde el otro emplazamiento por la revisión de anual de 2015. Cabe recordar que la inconformidad nació por rubros que no se pagaron, como las cuotas al ISSSTE y por diferencias en el cálculo del pago del aguinaldo del 2013.
Alberto Salazar Morales, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos del Conalep, aseguró que cuentan con respaldo de sindicatos de otros subsistemas de educación media superior como el Cecyte y del Colegio de Bachilleres, además de sindicalizados del propio Colegio pero de otras entidades, como Puebla y Tlaxcala.
Aseveró que ya es tiempo de que el gobierno estatal atienda los problemas de las instituciones educativas, que enfrentan carencia de diversos tipos.
Insistieron en que sus reclamos son legales y están fundados, incluso lo referente al cálculo del pago de aguinaldo que en este momento es la principal causa de conflicto.
Reiteró que como trabajadores han presentado tres propuestas legales de solución, pero no hay ninguna respuesta por parte de las autoridades, quienes han resuelto con “una imposición”, anulando el derecho a la huelga, con el pretexto de una “mala interpretación”.
Dejó claro que esta marcha fue para presionar, pero no dejarán la vía jurídica y advirtió que sus protestas irán escalando, de ser necesario, incluso cuando los estudiantes (que en este momento están en receso) regresen a las aulas, sin afectar el servicio, ni caer en ningún resquicio legal que dé lugar a que les invaliden sus derechos.
Por último comentó que las autoridades les informaron que el pago de cuotas al ISSSTE llevaba hasta la semana pasada un avance del 70%, lo que de alguna forma pone al corriente la prestación, pero de fondo no resuelve el problema, porque cuestionó lo qué pasó con el dinero que sí fue descontado en la nómina de los trabajadores y que no fue entregado al instituto de seguridad social. Por lo tanto, analizan la posibilidad de pedir ante las instancias competentes la realización de una auditoría.