El 18 de marzo feneció el plazo de seis meses para que el gobierno de Morelos cumpliera con las 15 recomendaciones que emitió el grupo de trabajo (integrado por investigadores y representantes de los gobiernos federal y estatal) con la finalidad de que las autoridades estatales implementaran una serie de medidas prácticas, normativas y colaborativas para que interinstitucionalmente se frenara la violencia feminicida, institucional, laboral, sexual, económica, escolar, psicológica, física y verbal que padece la población femenina.
Juliana García Quintanilla, coordinadora de la CIDHEM, señaló que lo más preocupante son los feminicidios, porque en casi 15 años se han perpetrado más de 600 casos, los cuales, en su mayoría, permanecen en la impunidad.
Detalló que infortunadamente se amplió el rango de mujeres victimizadas, mientras que de 2000 a junio de 2013 fueron documentados por la comisión 530 feminicidios; en los últimos 20 meses ocurrieron 103 feminicidios.
Del año 2000 a la fecha sumaron un total de 633 feminicidios documentados por el organismo independiente, que destacó su preocupación porque 16 por ciento de las muertes violentas de mujeres ocurrieron entre 2013 y los primeros meses de 2015.
“Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles durante la gestión del gobierno actual encabezado por Graco Ramírez. Lejos de ser un problema heredado del pasado, como argumenta, es una situación actual que lacera cruelmente los derechos de las mujeres. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social.
“Las mujeres son doblemente victimizadas; son las madres, las hermanas, las hijas, quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato que autoridades y algunos medios de comunicación amarillistas dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural”, dijo.
García Quintanilla llamó al grupo de trabajo integrado por académicos y representantes, tanto del gobierno estatal como del federal, a que analice el informe oficial de las autoridades de Morelos, pero también el informe realizado por la CIDHEM, para que el contraste de ambos dimensione el problema de la violencia de género y emita a la brevedad posible un pronunciamiento en respuesta al reclamo de la sociedad que exige frenar los feminicidios y aplicar medidas efectivas para desalentar la violencia hacia las mujeres.
“Cuando se reúnan y junten los dos informes tendrá una opinión hacia el conjunto de la sociedad, que (a través de la CIDHEM) es la solicitante de esta alerta, y tendrá que dar un resolutivo”, expresó.
Señaló que el primer informe elaborado por el grupo de trabajo y los nuevos informes, tanto el gubernamental como el elaborado por la comisión, serán puntos de referencia, y a consideración de este organismo independiente contienen elementos aprobatorios de que el gobierno de Morelos no cumplió con las 15 recomendaciones para prevenir y erradicar la violencia de género.
Agregó que el grupo de trabajo tendrá diez días para revisar los informes y, aunque la ley no marca tiempo para emitir una conclusión, la CIDEHM exhortó a los integrantes del grupo a fijar una postura pública.
Insistió en que prevalecen las condiciones de violencia contra las mujeres y por lo tanto, ante la inexistencia de acciones y políticas públicas, es necesaria la implementación de la Alerta de Violencia de Género en Morelos.
