Luego de que el litigante denunció públicamente que hace una década la otra juez libró sendas órdenes de aprehensión contra el empresario hotelero Alfredo Tinajero Fontán y su familia (derivado de un pleito familiar por una herencia) a pesar de que se constató que la averiguación previa había sido clonada por un ex ministerio público, Jiménez Serafín sostuvo que en ese litigio intervinieron innumerables actores, que a su vez se convirtieron en denunciantes y denunciados e involucró a diversos servidores públicos.
Explicó que en su momento dio contestación oportuna a las imputaciones legales en su contra, que concluyeron con la determinación a su favor del no ejercicio de la acción penal.
Lamentó las acusaciones hacia su persona y que el litigante haya ofrecido a la opinión pública una versión distorsionada y parcial, sin embargo, defendió su trabajo cuando fungió como juez penal.
La actual consejera de la Judicatura dijo estar tranquila porque en todo momento actuó conforme a derecho y recalcó que durante el desahogo de la causa penal 64/2005-2 (en la que aparece el empresario Alfredo Tinajero y su familia como imputados) la otrora Procuraduría General de Justicia de Morelos durante y después de la consignación, nunca advirtió a su juzgado sobre la supuesta clonación de la averiguación previa.
Rechazó las acusaciones y subrayó que es necesario que se desahoguen todos los procesos legales que se originaron a partir de un ligio familiar, y que sea la justicia la que determine a quien le asiste la razón.
De acuerdo con el denunciante, en febrero de 2005 el ex Ministerio Público adscrito al municipio de Huitzilac, Marco Antonio Jaramillo Sánchez, “abrió” la averiguación previa HU/011/05-01 presuntamente a petición de Teresita del Niño Jesús Tinajero Fontán, contra su hermano Alfredo y su familia por los supuestos delitos de fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y lo que resultara.
Tras investigar sobre el origen de la denuncia se detectó que la averiguación previa fue clonada, ya que el expediente auténtico se trataba de una denuncia diversa. Sin embargo, según el litigante, la entonces juez tuvo conocimiento de la falsedad averiguación previa y aun así libró ordenes de aprehensión y sujetó a procesos a sus representados, por lo que la juzgadora fue denunciada penalmente.