La defensa de los policías pidió a la juez del caso permitirles una suspensión condicional, es decir evitar un juicio, y a cambio de ello pagarían el daño que se presume provocaron a los jóvenes.

El pasado 17 de marzo de este año, los policías del Mando Único Armando Cruz y Juan Marcelo Becerra fueron captados por una cámara de video, cuando robaron las pertenencias de jóvenes que celebraban una fiesta a un lado de la residencia del comisionado de seguridad pública, ubicada en una exclusiva zona del municipio de Emiliano Zapata.

Los dos policías, que están libertad, recibieron este martes el “perdón amplio” de sus víctimas en lo que se refiere al delito de abuso de autoridad y quedaron vinculados a proceso únicamente por el delito de robo simple, cuya pena máxima es de ocho años de prisión.

Según versiones periodísticas, Juan y Armando estaban comisionados a cuidar la casa de Capella Ibarra y los escoltas de éste pidieron el auxilio por el escándalo en la fiesta.

En la audiencia celebrada ante la juez de control Leticia Damián Avilés, en la Sala Cinco de Juicios Orales Víctor Hernández, defensor particular de los imputados, dijo que sus clientes tenían derecho a una suspensión condicional del procedimiento, ya que la pena a la que se enfrentaban era de uno a ocho años de prisión y la media aritmética es de cuatro años y medio. El nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales establece que tienen derecho a la libertad en delitos que haciendo esta operación aritmética no rebase los cinco años.

Antes los cuatro jóvenes agraviados (uno de ellos menor de edad, por lo que fue representado por su madre) se desistieron del delito de abuso de autoridad, por lo que únicamente quedó el cargo de robo simple.

En la misma audiencia los dos policías pagaron a las víctimas la reparación del daño que consistió en cinco mil pesos para el menor y mil 500 pesos para el resto.

La representante de la Fiscalía General del Estado (FGE) no se opuso al planteamiento de la defensa, que solicitó la suspensión condicional (evitar el juicio penal), ya que ninguno de los dos policías tiene antecedentes.

La juez puso como condición a los dos imputados no salir del país, no usar armas, no acercarse a las víctimas o sus familiares, y acudir una vez al mes a firmar los libros de registro en la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Morelos (UMECA). Todos los requisitos tendrán que ser cumplidos durante un año.

Los dos policías enfrentan un juicio administrativo porque fueron dados de baja de la corporación, razón por la cual la juez les prohibió el uso de armas por lo menos hasta que se aclare su situación laboral.