El Tribunal Estatal Electoral (TEE) y la Fiscalía General del Estado (FGE) han acumulado más de 200 recursos de impugnación y denuncias promovidas por ciudadanos, aspirantes a un cargo de elección popular y partidos políticos, y se espera que el número se dispare ante la efervescencia política.

Derivado de los procesos internos de los partidos, los registros de candidatos y los acuerdos emitidos por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), el Tribunal Estatal Electoral llegó al recurso de impugnación 202 y la mayoría de las resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional local han sido confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el último proceso electoral (acontecido en el 2012) el tribunal registró un total de 192 juicios promovidos por ciudadanos y partidos políticos, y la previsión es que en estos comicios el número de impugnaciones sea superior, en virtud de que restan todavía 13 días de campaña, la jornada electoral y el periodo postelectoral.

En tanto, la Unidad Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado, registró hasta ahora un total de 48 denuncias en integración, de las cuales 29 corresponden a la región metropolitana, 18 a la zona oriente y cuatro en la sur-poniente.

La coordinadora de las unidades especializadas, Josefina Escorcia Sánchez, recordó a la ciudadanía que los delitos electorales los comete quien haga proselitismo el día de la jornada electoral, recoja sin causa credenciales de elector para votar, vote con una credencial de elector de la que no sea titular, así como quien realice mítines, reuniones públicas en favor de un candidato o partido, ejecute actos de lucro con el voto o presente boletas electorales falsas, introduzca en las urnas ilícitamente una o más boletas electorales e impida en forma violenta la instalación de una casilla.

Manifestó que el Código Penal del Estado de Morelos prevé en sus artículos de 314 al 326 penas a quienes incurran en delitos electorales, que van desde una multa de 10 a 100 días de salario mínimo, hasta seis meses a tres años prisión y la suspensión de derechos políticos de tres meses a seis años.

Cuando se trata de servidores públicos las multas oscilan entre los 50 a 400 días multa y puede alcanzar de un año a nueve años de prisión.