Carlos Alberto “N” era empleado de la también ex legisladora federal y local, y fue uno de los acusados de tomar de la casa de la política los cinco millones de pesos en efectivo y en oro; por ello, hace seis meses fueron vinculados a proceso, el cual está suspendido porque los dos trabajadores interpusieron amparos contra la decisión de la justicia local.

Este jueves 9 de julio, a las ocho horas con 30 minutos, se llevó a cabo la audiencia intermedia en la que el juez Tomás Mateo Morales informó que la misma no podía llevarse a cabo, en virtud de que fue notificado sobre un amparo promovido por la defensa de Carlos Alberto “N”, en la que el juez Octavo de Distrito le dio la razón al imputado, al considerar que se le violentaron sus derechos elementales durante el procedimiento.

De acuerdo con la resolución emitida por el juez de Distrito, hasta la vinculación a proceso, la Fiscalía General del Estado no comprobó la existencia de los cinco millones que la ex diputada asegura le fueron robados, ni a través de testigos, ni por pruebas científicas. Es decir, al imputado se le formuló la acusación únicamente por lo declarado por la presunta víctima, quien indicó que el dinero y los bienes los tenía guardados en su casa.

El abogado defensor afirmó que inició dicho juicio de amparo debido a que la FGE nunca presentó documentos oficiales para acreditar la existencia del supuesto monto robado, por que le fue concedido.

Según el litigante, a los detenidos se les dictó vinculación a proceso penal, sin contar con estos elementos de prueba y sólo con lo dicho por la parte afectada.

Tras la suspensión de la audiencia de este jueves, se informó que la ejecutoria de amparo tendrá que celebrarse en los próximos días, y que la misma deberá versar en dos sentidos: poner al detenido en libertad o dictar un nuevo auto de vinculación a proceso.

Finalmente, se informó que la audiencia tendrá que celebrarse en el transcurso de la próxima semana.