La dependencia cuenta con 15 días hábiles para inconformarse, aunque ello será hasta el mes de agosto, porque el pasado miércoles el personal del TSJE inicio su periodo vacacional.

El catedrático de la Facultad de Psicología Alejandro Chao Barona y su esposa la arquitecta Sara Rebolledo fueron asesinados por los dos hermanos y uno de sus primos (éste último menor de edad) el pasado 4 de mayo del 2014, según señalan las pruebas aportadas por la FGE en el juicio oral, pero un tribunal consideró que hubo errores en la parte acusadora que no permitió otorgarles una pena de 70 años para cada uno de los dos sentenciados.

Según los abogados de oficio de los dos sentenciados, la FGE violentó el debido proceso de los detenidos al “filtrar” en las redes sociales un video, en donde uno de los jóvenes admite su participación en el crimen.

Y es que el catedrático de 77 años y su esposa de 71 fueron asesinados utilizando un desarmador y troncos de un árbol, objetos con los que los tres homicidas los mataron luego de que fueron sorprendidos robando objetos de valor de la casa de las víctimas en la colonia Bella Vista, al norte de Cuernavaca.

Después de ser notificada formalmente de la resolución, la Fiscalía no comparte los términos de la pena mínima, en función de los méritos contenidos en la carpeta de investigación, dada la gravedad de los hechos.

Un boletín de prensa que la dependencia hizo llegar al correo electrónico del reportero refiere que desde que se tuvo conocimiento del doble homicidio, la Fiscalía procedió a la integración de la carpeta de investigación correspondiente, proporcionando al tribunal las pruebas necesarias.

Señala que la culpabilidad de Mario Antonio Soloya Villalba y Juan Carlos Soloya Villalba, fue sustentada con base en alrededor de 30 pruebas admitidas por los jueces, las cuales fueron desahogadas entre acuerdos probatorios y juicio oral.

Las pruebas que en el juicio fueron presentadas son de testimoniales de cómplices y testigos clave, pruebas periciales en criminalística y dactiloscopia, así como de genética, estas últimas elaboradas por el laboratorio de la Fiscalía General de la República.

“En el proceso que se desarrolló ante el Tribunal de Justicia del Estado de Morelos, la Fiscalía General acreditó y desahogó debidamente cada una de las pruebas mencionadas, como quedó constatado en las audiencias públicas”, señala el documento.

Finalmente refiere que no comparte el criterio de los jueces de este tribunal, pues en el caso del menor de edad de nombre Arturo, éste fue sentenciado con la pena máxima que la ley prevé para los adolescentes, y en dicho juicio se aportaron las mismas pruebas.