Los consejeros del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) han dejado de cumplir con sus obligaciones, ya que lo mismo permiten que los sujetos obligados violen la ley de la materia, que exceden largamente los tiempos legales para resolver los recursos de inconformidad de ciudadanos a los que se le ha negado información pública.
Desde permitir que sujetos obligados incluso carezcan de página electrónica para colocar la información de oficio, a extender de forma rutinaria hasta once veces el plazo máximo permitido para emitir una resolución, son conductas asumidas con normalidad por Mireya Arteaga Dirzo (consejera presidenta), Víctor Manuel Díaz Vázquez y Dora Ivonne Rosales Sotelo, a pesar de que por la omisión de sus funciones podrían ser incluso sometidos a juicio político.
Desde el nivel de incumplimiento de municipios como Zacualpan, Huitzilac, Coatlán del Río, Temoac (que han fallado a lo largo del trienio) y otros, hasta de los nuevos partidos políticos que carecen del obligatorio portal, los consejeros incluso atribuyeron a una falla técnica el retraso en sus acciones, lo que fue desmentido por la realidad.
Esa conducta omisa está tipificada en los artículos 8 y 10 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que señala que deben cumplir con su función específica, que en este caso es garantizar el derecho a la información. La citada ley define “La violación grave a las garantías de los gobernados; el abandono o desatención injustificada de las funciones que se le han encomendado”, lo que podría derivar en juicio político o sanciones, dependiendo el caso.
La Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, en el artículo 112, en cuanto a plazos para la entrega y resolución de recursos de inconformidad promovidos por los ciudadanos menciona que "Las resoluciones del Pleno no excederán de treinta días hábiles contados a partir de la interposición del recurso de inconformidad, del que resolverá: Sobreseerlo, confirmar el acto o resolución impugnado o en su caso revocar total o parcialmente el acto o resolución impugnada".
Sin embargo, el pleno del IMIPE retrasa hasta un año la resolución a recursos de inconformidad.
Incluso, en el mes de agosto el secretario ejecutivo del IMIPE reportó que la entrega de recursos de inconformidad se retrasó por fallas en el sistema Infomex, pero las averías fueron reparadas días después del reporte.
La Unión de Morelos desde hace un año ha promovido acciones de solicitud de información y recursos de inconformidad por el incumplimiento de los sujetos obligados, por lo que ha podido rastrear los tiempos de procesamiento de esos recursos.
Entre otros, ante la falta de entrega de información a una solicitud enviada al municipio de Puente de Ixtla, con fecha del 18 de junio del 2014, se promovió un recurso de inconformidad el día 4 de julio del 2014 que fue admitido el 9 de julio- cuatro días después- por la ahora consejera presidenta Mireya Arteaga Dirzo, registrado bajo el número IMIPE/001887/2014-VII y radicado bajo el expediente RI/340/2014-II que fue resuelto el pasado 29 de julio de este año, lo que viola los términos de la ley de transparencia, que establece treinta días hábiles.
Lo mismo ha ocurrido con los recursos de inconformidad interpuestos con los números de expediente RI-394-2014-III al municipio de Coatlán del Río; RI-395-2014-I de Jonacatepec, Tlayacapan- RI-397-2014-III, Tetecala con el número RI/418/2014-III, Tepalcingo RI-419-2014-I, Temoac RI/420/2014-II, y Huitzilac RI-422-2014-I, todos interpuestos entre julio y agosto del año pasado y aún sin respuesta.
Además, deben mencionarse las quejas de ciudadanos afectados por la misma situación que han sido recibidas en La Unión de Morelos pero que no se citan en el texto.
Los municipios infractores también incumplen con la difusión de información en su portal de transparencia.
