Castera Toscano (quien por décima segunda ocasión participa en los procesos convocados por el Poder Legislativo) sostuvo que su caso es ejemplo claro de que para obtener un nombramiento como impartidor de justicia se requiere tener algún vínculo partidista o contar con la “gracia” de los legisladores en turno.

Refirió que los litigantes están hartos de procesos simulados, de que los mejores perfiles para ocupar las magistraturas sean desdeñados y los méritos, la trayectoria y el profesionalismo de los aspirantes no sean ponderados como criterios fundamentales para determinar una designación.

“Los abogados estamos hartos de que siempre se den las designaciones por colores o por partidos. Yo creo que es el momento de los ciudadanos. Yo tengo la capacidad técnico-jurídica para hacerlo, tengo el perfil, nada más que no quieren porque no soy de ningún partido político y no les represento ninguna ganancia”, dijo.

El litigante sostuvo que espera que en esta ocasión los diputados ciudadanicen los nombramientos y que se analicen con detenimiento los méritos y la trayectoria de los aspirantes.

Insistió en que los amiguismos y compadrazgos deben desaparecer, al tiempo que advirtió que está dispuesto a seguir la lucha jurídica en caso de que nuevamente los diputados no lo consideren para la magistratura que dejó vacante la magistrada Guillermina Jiménez Serafín.