Este viernes, Alejandro Trujillo González, vocero de la agrupación del magisterio, sostuvo que no les amedrentan con las advertencias de actas ni con descuentos, y seguirán con su plan de lucha en contra de la "evaluación punitiva" de permanencia, por lo que, al igual que en otras 26 entidades, se ha convocado al paro de 48 horas los días lunes y martes con diferentes modalidades, es decir, que en cada escuela, delegación sindical o región, decidirán si participan o no, si cierran el plantel o sólo suspenden actividades para dar información a padres de familia y al resto de los trabajadores; o en otros casos, si laboran (conforme a las condiciones de cada centro escolar y los acuerdos con los padres de familia).
Refirió que, por ejemplo, en Cuernavaca, se decidió que sólo suspenderán actividades el 24, pero se sumarán la marcha.
Por ello, el mismo lunes convocaron a manifestación, desde las 10 horas, que partirá de la glorieta de Zapata, en la colonia Buena Vista; en tanto que en Cuautla, la marcha será a las 16 horas, desde Los Arcos hacia Yecapixtla.
Se acordó en su asamblea que ningún maestro deberá subir evidencias a la plataforma que ha dispuesto para tal fin el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y el Servicio Profesional Docente (como primer paso de evaluación) para los mil 600 maestros que serán evaluados en la primera etapa y que son los de más reciente ingreso.
En el plan de acción se mantiene la intención de bloquear todos los centros de aplicación de las pruebas, además de continuar por la vía legal con la interposición de amparos contra la evaluación para los siguientes grupos, es decir, los docentes que serán incluidos por la autoridad en las siguientes etapas.
Finalmente, dieron a conocer que se acordó en asamblea impulsar la participación de los trabajadores de la educación y de los maestros en el paro-marcha del 1 de septiembre para exigir al Congreso que detenga la aplicación de la evaluación.
Los maestros inconformes han impulsado que en las escuelas los padres de familia firmen una misiva dirigida a las autoridades estatales, en la que exponen su apoyo a los docentes y reclaman que se entreguen los recursos económicos necesarios para la infraestructura escolar.
Además expresan su queja al no estar considerados como parte del proceso de evaluación de los maestros de sus hijos conforme a la legislación vigente.
Trujillo González aseveró que no les asusta que la parte oficial les siga amenazando con descuentos o con actas administrativas, porque están en su derecho de manifestarse y aseguran contar con el respaldo de muchos padres de familia que se suman a la defensa de la educación pública.
Lamentaron y criticaron la actuación de la dirigencia institucional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a la que acusan de hostigar a los agremiados para que acudan a clases los días en los que se ha convocado al paro y que –sostienen– ha actuado como si fuera el patrón, no en defensa de los derechos de los trabajadores con sus llamadas jornadas informativas, que en realidad son "de desinformación".
