El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Manuel García Quintanar, consideró que los presidentes municipales deben permanecer sin fuero constitucional, luego de que el tema ha calado a los ediles electos ante la debilidad financiera de los ayuntamientos que recibirán.
Luego de que el TJA ha ordenado la destitución de al menos dos alcaldes y una decena de funcionarios municipales (muchos de ellos sostenidos en sus cargos por recursos jurídicos, consideró que el tema está en el terreno legislativo, pero en su opinión personal lo mejor sería no devolver el fuero a los ediles.
“No le corresponde a los órganos jurisdiccionales decidir sobre ello, le corresponde al Poder Legislativo. Sin embargo, hay que ubicar dos cosas: uno, ya hay reelección, ya se tiene que normar, y hay que ver si es pertinente que en la reelección haya también una redesignación del fuero”.
“Y otro, un aspecto muy importante es que nadie está obligado a lo imposible, los asuntos que están enfrentando los alcaldes son de orden económico o financiero. Si eso está obligando a ser más estrictos financieramente apretándose el cinturón y reorganizar, yo creo que debemos de continuar con una estricta responsabilidad sin fuero”, explicó.
Hace unos días un grupo de presidentes municipales se pronunció por una contrarreforma constitucional para devolverles el fuero constitucional, es decir, que no puedan enfrentar cargos penales mientras ejerzan la función pública.
García Quintanar insistió que, desde su punto de vista personal, no sería conveniente una contrarreforma de esta naturaleza y recalcó que los presidentes municipales no deben tener nuevamente fuero constitucional.
En enero del 2013 fue emitida y publicada la declaratoria que dio vigencia a la reforma y adición a los artículos 40 fracción XLI y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para suprimir la protección constitucional a los presidentes municipales y los cabildos con el propósito de que pudieran enfrentar procesos penales y ser destituidos sin necesidad de la intervención del Congreso.
Tras la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de destituir por desacato a un mandato judicial al alcalde del municipio de Emiliano Zapata, Carlos Eduardo Martínez Varela, quien sigue en el cargo hasta que llegue la notificación de la resolución, los alcaldes electos tienen preocupación seria sobre el tema, sobre todo porque los ayuntamientos enfrentan una crisis financiera que les impide hacer frente a las resoluciones judiciales vinculadas principalmente a la devolución de impuestos declarados inconstitucionales y laudos.
