De acuerdo con el último reporte publicado en el apartado de información pública de oficio del portal de internet del gobierno de Morelos con fecha del mes de agosto y el cual tiene errores significativos de aritmética, la Fiscalía General del Estado tiene asignadas un total de 1823 plazas para su administración y operatividad.
Actualmente sólo 1563 plazas están activas y adscritas, mientras que 260 están congeladas y vacantes por la falta de recursos, debido a que la Fiscalía también arrastra un déficit financiero por la ligera reducción que el año pasado el Congreso realizó a su presupuesto del 2015.
Esto significa que la Fiscalía estatal tiene inactivas el 14.2 por ciento de sus plazas, de las cuales 113 están vacantes y 147 fueron congeladas desde hace más de un año.
Según las autoridades estatales, el impedimento para la contratación de nuevo personal radica en la escasez de recursos por las medidas de austeridad, en los vaivenes de los indicadores macroeconómicos que afectan el erario y en que los aspirantes a formar parte de la institución no cumplen con los requisitos de ley; pero en opinión de organizaciones como la Asociación de Abogados Penalistas, el problema financiero de la Fiscalía tiene raíz en la mala administración y la corrupción.
Según el último reporte, la Policía de Investigación Criminal es el área operativa con mayor impacto negativo por la falta de personal al tener 127 plazas congeladas o vacantes, de las cuales casi el 50% (53 plazas) corresponden a la Fiscalía Metropolitana; le sigue la Dirección de Servicio Periciales, donde hay un déficit de 32 plazas; las direcciones de Investigación y Procesos Penales de las regiones metropolitana, oriente y sur-poniente, con 20 plazas congeladas; y la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas con un déficit de ocho plazas.
Hace unos días el vocero del gobierno de Morelos para la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, Salvador Guerrero Chiprés, pronosticó como poco probable la apertura de nuevas plazas en la Fiscalía estatal y la Defensoría Pública debido a la reducción de 40 mil millones a sólo 21 mil millones de pesos el subsidio del gobierno federal a las entidades federativas para la ejecución la sistema penal conocido como “juicios orales”, por lo que todo apunta a que posiblemente persistirá el déficit de personal en la institución responsable de la persecución e investigación del delito en el estado.
