Por lo menos dos de los elementos que intervinieron en la detención le propinaron golpes en el rostro, los oídos, la cabeza, el pecho, el abdomen, los antebrazos, la espalda y las piernas, causándole hematomas y lesiones desde dos y hasta 30 centímetros. Además, según el quejoso, hubo dilación en su puesta a disposición ante el Ministerio Público Federal.
El organismo estatal informó que al integrar la queja, encontró que en el expediente del detenido y recluido en el penal de Atlacholoaya no estaba el dictamen médico sobre las condiciones físicas en que ingresó al centro de reinserción social.
Sin embargo, obtuvo el dictamen elaborado en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), en el que consta que Lázaro Noriega tenía severas lesiones en diversas partes del cuerpo y rostro, al momento de ser puesto a disposición por los agentes del Mando Único.
Al requerir informes sobre los hechos a la CES, la dependencia presentó al organismo una narrativa de la detención del quejoso, sin fijar postura sobre los señalamientos hacia sus elementos por actos de tortura.
Ante la respuesta evasiva de la CES y los elementos de prueba recabados, la CDHEM determinó que los policías incurrieron en tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra el detenido.
En esta segunda recomendación emitida contra la CES por tortura, la CDHEM pidió al responsable de la seguridad estatal Alberto Capella Ibarra, iniciar el procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad en la que incurrieron los elementos acusados y una vez concluido el procedimiento administrativo, se les aplique la sanción correspondiente.
Para ello, debe ser tomada en cuenta la reincidencia de los elementos policíacos en la violación de derechos humanos y el resultado del procedimiento administrativo debe ser agregado al expediente personal de los agentes implicados como antecedente de su actuación.
También le requirió instruir por escrito, al total del personal a su cargo a no repetir ni imitar este tipo de conductas que denostan y afectan la credibilidad de la CES, y brindar permanente capacitación para fomentar la observancia y respeto de los derechos humanos a los elementos adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad.
La CES cuenta de diez días naturales para pronunciarse sobre la aceptación o no de recomendación y, en su caso, diez días más para remitir pruebas de cumplimiento.
El pasado mes de septiembre la CDHEM emitió la primera recomendación por actos de tortura cometidos por elementos del Mando Único en agravio de seis vecinos del municipio de Jiutepec, quienes primero fueron detenidos y puestos bocabajo en la batea caliente de una patrulla, lo cual les provocó quemaduras de segundo y tercer grado en diversas partes del cuerpo.
Luego fueron trasladados a Torre Morelos, donde fueron torturados con asfixia por inmersión, toques eléctricos en testículos y pecho, para obligarlos a “confesar” que eran supuestos integrantes de una organización delictiva.
