“Primero, antes que llevar una acción legal, que parece es el único camino que nos queda, agotar el diálogo como lo hemos hecho siempre, porque hay que recordar que al Poder Judicial se le ha dado durante ya, con el próximo año serían cuatro años, el mismo presupuesto de 519 millones de pesos”, dijo.
Expresó que los legisladores no consideraron en el análisis y aprobación del presupuesto indicadores como la inflación, ni los compromisos adquiridos por diputados con la base de trabajadores respecto a mejoras laborales, diversos proyectos para el perfeccionamiento de la administración de justicia y la carga progresiva que significa la nómina de pensiones y jubilaciones.
“Desafortunadamente se olvidaron de aprobar un presupuesto con una mejora significativa y tendremos que abandonar proyectos tan importantes como lo es la Unidad de Igualdad de Género, con la cual tendríamos que estar cubriendo una alerta de género. Este es un tema para nosotros muy delicado y que no se toca, ni se aborda en el tema del presupuesto”.
“Otro de los temas que nos complica la operatividad de la administración de justicia es la de los departamentos de orientación familiar regional, no vamos a poder abrir esos departamentos de orientación familiar porque no tenemos con qué contratar personal adecuado para el tema”, expresó.
Antes de interponer la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó recurrirá al diálogo y solicitará una ampliación presupuestal de más de 26 millones de pesos, que es el déficit con el que iniciaría el Tribunal Superior de Justicia el próximo año.
Resaltó que la impartición de justicia en materia familiar es un tema que preocupa al TSJ, porque se tratan asuntos que involucran a menores como son la custodia, pensiones alimenticias y convivencias, razón por la cual se ha insistido en la necesidad de establecer departamentos regionales de orientación familiar.
Aun cuando hace casi cuatro años el pleno del Congreso aprobó la reforma constitucional que concedía autonomía financiera al Poder Judicial, la recién extinta LII Legislatura mantuvo congelada la emisión de la declaratoria -que daría vigencia a dicha reforma- bajo el argumento de que tendría que analizarla.
La nueva legislatura, que entró en funciones en el mes de septiembre, y el Poder Ejecutivo no han tocado el tema públicamente. Abogados y magistrados no sólo han criticado la resistencia de Lara Chávez de pelear por la vía legal la autonomía financiera, sino que han exigido a los tres poderes del estado no dilatar más la implementación de la reforma que daría a los tribunales el 4.7% del presupuesto anual programable del gobierno del estado.
