El vocero de la organización no gubernamental e impulsora de la AVG, José Martínez Cruz, manifestó que durante la sesión (que se realizó a puerta cerrada) el gobierno del estado hizo la presentación de las acciones, hasta ahora realizadas, para atender la declaratoria de alerta en la entidad.

Afirmó que la mayor parte de las labores gubernamentales se realizaron de manera aislada o improvisada, porque algunas se ejecutaron hace apenas unos días como las marchas exploratorias anunciadas por la Comisión Estatal de Seguridad.

Explicó que durante la sesión, la Comisión Independiente de Derechos Humanos tuvo una intervención como organización invitada, durante la cual se expuso la falta de socialización y los alcances limitados de las acciones gubernamentales, la ausencia de colaboración de áreas claves como las Secretarías de Educación y de Salud, y sobre todo la carencia de indicadores que permitan cuantificar y calificar cada una de las medidas para la protección de las mujeres, la prevención, la sanción  y la erradicación de la violencia de género.

“Por supuesto que no estamos de acuerdo en todas las implicaciones que tiene el que no se tomen todas las medidas de manera puntual, que no se tengan con toda precisión los indicadores de cumplimiento de cada una de las mismas.

“Observamos incluso algunas de las medidas que muestran y que dejan mucho que desear respecto del impacto de cada una de las medidas y eso lo señalamos. Por ejemplo, de los ocho municipios donde se aplica la AVG sólo estuvieron presentes dos alcaldes, el de Yautepec y el de Cuernavaca, pero los demás enviaron un representante o no estuvieron presentes, lo cual nos parece muy mal”, dijo.

Insistió en que los alcances de las acciones implementadas hasta ahora, son muy limitados porque se dirigen a pequeños grupos, cuando la población es de casi dos millones de personas

“También pedimos que cada medida sea de amplia difusión y análisis por parte de la sociedad, porque definitivamente creo que es una cuestión totalmente inaceptable que no llegue a la mayor parte de la población y que no haya la profundidad que requiere una AVG”, subrayó.

Agregó que derivado de las observaciones, las autoridades se comprometieron a que en un plazo 90 días se implementará una metodología  para generar indicadores claros que permitan evaluar las acciones gubernamentales para atender la AVG, “porque los niveles de violencia no han disminuido y eso qué significa, que si no se envía un mensaje claro por parte de los autoridades, pues no permea al conjunto de la sociedad”.

La sesión de la Comisión Estatal para la Prevención de la Violencia de Género estuvo encabezada por el gobernador de Morelos y acudieron varios integrantes del gabinete estatal, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de las Mujeres (INM) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

De manera adicional, la Comisión Independiente de Derechos Humanos entregó a los titulares de las secretarias estatales, la Comisión Estatal de Seguridad y Fiscalía del estado sendos oficios, para que cada funcionario responda a una serie de cuestionamientos en torno a lo que cada dependencia hace para atender las recomendaciones de la AVG.