Diputados locales hicieron un llamado al alcalde electo Cuauhtémoc Blanco Bravo y al edil saliente, Jorge Morales Barud, para abstenerse de utilizar recursos financieros obtenidos del cobro (por adelantado) del impuesto al predial (correspondientes al ejercicio fiscal 2016). De lo contrario –aseguraron– incurrirían en una falta a la ley.
Ante el anuncio hecho por el equipo de trabajo del presidente municipal electo Blanco Bravo sobre el acuerdo con la actual administración, por el que se dispuso hacer uso del recurso del impuesto predial 2016 para gasto corriente, diputados locales de Cuernavaca acordaron hacer un llamado a las autoridades municipales y pedir que "se apeguen a la legalidad".
Lo anterior ocurrió tras una reunión con regidores electos de Cuernavaca en la que participaron los diputados Alberto Mojica Linares, Jaime Álvarez Cisneros, Francisco Santillán Arredondo y Alberto Martínez González.
Mediante un comunicado de prensa, los legisladores fijaron una postura general, “como Congreso del estado”, y expresaron lo siguiente: "Los diputados de la LIII Legislatura lamentamos profundamente la imprudencia, irresponsabilidad y desconocimiento de la ley en la materia por parte del edil electo y de su equipo de transición".
Los legisladores recordaron que en la Ley de Ingresos de Cuernavaca, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, se determinó que "todos los ingresos que se recaudan por concepto de impuesto predial, derechos por servicios públicos municipales y derechos por servicio de agua potable y saneamiento, de acuerdo con los plazos y condiciones establecidos en el presente decreto, serán ejercidos por la administración municipal 2016-2018, a partir del primero de enero. Con fundamento en el artículo 93 Ter de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos".
Además, el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Alberto Mojica Linares, aseveró que el actual gobierno municipal debió haber previsto el pago de aguinaldo a lo largo del año y no dejar este compromiso en último término, cuando el recurso del predial pudiera utilizarse para inversión pública y otros compromisos del ayuntamiento.
Adelantó que de existir un mal ejercicio de los recursos públicos, tanto por autoridades municipales salientes como entrantes, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización procederá a iniciar el proceso de fincamiento de responsabilidades, conforme a la ley.
