Mientras que el alcalde Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plascencia, anunció que promovió ya un recurso de reclamación contra la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, que le negó la suspensión contra los efectos del decreto del gobierno de Morelos para imponer el Mando Único en ese municipio, el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, sostuvo que la Comisión Estatal de Seguridad mantendrá el control de la Policía de esa localidad.
Tras la admisión de la controversia constitucional 1/2016, promovida por el edil, el ministro instructor consideró que no procedía conceder la suspensión al Ayuntamiento contra los decretos del 28 de enero de 2015 (firmados por el anterior alcalde con el gobierno estatal) y el del 3 de enero de 2016, por el cual el Poder Ejecutivo decretó la imposición de Mando Único en Tlaquiltenango por causas de “fuerza mayor ante las alteraciones graves del orden público”.
Tres fueron las razones del ministro Laynez Potisek para negar la suspensión: la primera porque conceder la medida equivaldría a darle los efectos de la propia de la sentencia definitiva; la segunda porque se afectaría gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante y generaría incertidumbre en la población municipal respecto a la estabilidad y continuidad en la prestación del servicio de seguridad pública; y la tercera, porque afectaría las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano.
Inconforme con la determinación, el alcalde de Tlaquiltenango consideró que los argumentos del ministro son más políticos que jurídicos e informó que este mismo miércoles el Ayuntamiento promovió el recurso de reclamación contra la negativa de la suspensión.
Rechazó tener vínculos con la delincuencia organizada, luego de que el gobernador lo acusó de estar implicado en una red de tráfico humano y de haber enfrentado cargos por trata de personas en el sur del país.
Insistió que es la población del municipio la que rechaza la presencia del Mando Único, cuyos elementos se dedican a atacar a los habitantes, y pidió el apoyo de las fuerzas federales.
“Aquí la ciudadanía de Tlaquiltenango lo único que quiere es que el Mando Único no prevalezca para que puedan sentirse seguros. Estamos solicitando que prevalezca la Gendarmería, las fuerzas federales, la Secretaría de la Defensa Nacional, porque nosotros lo que queremos es seguridad. El gobernador muy mañosamente quiere engañar a la ciudadanía y a las fuerzas federales diciendo que un alcalde tiene vínculos con la delincuencia”.
“Si tuviéramos vínculos con la delincuencia, entonces por qué estaríamos pidiendo que venga la Sedena, que venga la inteligencia y que venga la Gendarmería. Es una manera de amedrentarme y es una manera de estarme denostando del gobernador”, dijo en su defensa.
Señaló que presentará ante la SCJN pruebas sobre el rechazo ciudadano al Mando Único, como videos, fotografías y denuncias que documentan los presuntos abusos policíacos, tolerados por la propia Comisión Estatal de Seguridad.
Además, afirmó que pretende implementar un plebiscito municipal en los próximos días, para demostrar que los habitantes rechazan la estrategia estatal de seguridad.
Agregó que derivado de su postura política y jurídica, ha recibido constantes llamadas telefónicas de amenazas, en las que se le advierte que él podría ser el siguiente edil asesinado, después del homicidio de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo.
MU sigue en Tlaquiltenango
El secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, señaló que la determinación de la SCJN permite que la Comisión Estatal de Seguridad conserve el control de la policía municipal hasta que haya una resolución de la controversia constitucional.
“Por lo pronto se ha aceptado la controversia, pero queda firme en este momento la presencia del Mando Único, toda vez que se le negó la suspensión por motivo de interés público, como lo significa la seguridad para el municipio de Tlaquiltenango”, dijo.
Indicó que a través de la Consejería Jurídica, el gobierno de Morelos presentará ante el máximo tribunal del país los argumentos que motivaron el decreto, entre las que se incluye el homicidio de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, y las amenazas de la delincuencia contra 13 ediles.
Agregó que la CES mantiene estrecha comunicación con los presidentes municipales para efecto de garantizar su seguridad y prevenir incidentes, pero no especificó que cada uno de ellos cuenta ya con custodia personal.
