Sin embargo, aún cuenta con una suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Quinto de Distrito que impide que se ejecute la orden de aprehensión en su contra y enfrente su proceso en libertad.
Y es que según la delegación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), al líder del SME en Cuernavaca, Héctor Salazar Porcayo, y sus compañeros Benjamín Toledo Marco y Marco García Barrera se les atribuye la presunta privación ilegal de la libertad de un grupo de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, ocurrida el pasado 17 de febrero, cuando representantes de la CFE y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes acudieron a las instalaciones de la “Agencia Gobernadores”, ubicada en la colonia Recursos Hidráulicos de Cuernavaca, para llevar a cabo un inventario de estas instalaciones que -en su momento- pertenecieron a la extinta compañía paraestatal Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Sin embargo, el dirigente electricista detalló que el auto de formal prisión en su contra es un acto de represión, que pretende obligarlo a declinar su lucha y pedir su liquidación como ex trabajador de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Indicó que en este caso la justicia federal actuó bajo consigna, lo cual es una evidente criminalización de las protestas sociales.
Reiteró que nunca hubo tal privación ilegal de la libertad de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, pues en ningún momento se les prohibió salir de las instalaciones de la “Agencia Gobernadores”, en todo momento los accesos estuvieron abiertos y ellos decidieron permanecer por su propia voluntad en el lugar.
Expresó que se avocará a su defensa jurídica mediante la promoción de un juicio de amparo contra el auto de formal prisión; además informó que en el Juzgado Décimo con sede en la Ciudad de México, solicitó un amparo más contra otra posible orden de aprehensión, pero esta vez relacionado con los hechos ocurridos en el mes de mayo en la subestación eléctrica de Teopanzolco.
No obstante, Salazar Porcayo dijo que no abandonará la lucha para exigir a la CFE que asuma su responsabilidad como patrón sustituto y recontrate a los más de 400 trabajadores de Morelos que se han negado a ser liquidados.