El Congreso del estado, a través de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), estará vigilante de que las autoridades municipales hagan uso correcto de los recursos que obtendrán en las siguientes semanas, por medio de la contratación de créditos con Banobras, y que pagarán con las participaciones del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social (FAIS), afirmó el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Alaniz Romero, quien reconoció que esa maniobra es un riesgo.

El legislador local confirmó que la aprobación –por la vía rápida– del decreto por el que el Congreso del estado autorizó a los ayuntamientos comprometer el 75% de los recursos de dicho fondo federal en los tres años de administración, se hizo a solicitud del Poder Ejecutivo, para que a su vez, Banobras estuviera en condiciones de otorgar los créditos necesarios a los municipios.

Sin embargo, aseguró que se establecieron "candados" en el dictamen que fue aprobado (de última hora) por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre todo por los antecedentes que se tienen en los ayuntamientos de Cuautla y Temixco, que son auditados por presuntos desvíos de recursos del FAIS, que son exclusivamente para obra pública.

El legislador local reconoció que autorizar el adelanto del 75% de los recursos del FAIS a los 33 ayuntamientos es un riesgo, pero que ante las condiciones económicas que enfrentan los municipios era necesario, pues actualmente no cuentan con recursos para obra pública.

El diputado panista informó que además de este "respaldo" a los gobiernos municipales, aún se trabaja en un "rescate financiero" para el pago de laudos y otros compromisos económicos heredados por las pasadas administraciones.

"Estamos analizando varias vías, por medio de un fideicomiso por el que tengan acceso los municipios a recursos, entre otras vías", dijo Alaniz Romero, quien garantizó que los acuerdos generados con el Poder Ejecutivo no tendrán que ver con la negociación de otros temas, como pudiera ser el rechazar la solicitud de juicio político en contra del gobernador Graco Ramírez.