La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Nadia Luz Lara Chávez, confirmó que Carmen Aquino Celis y Jorge Gamboa Olea sí recibieron aguinaldos como magistrados, pero calificó como maliciosa la filtración de un documento de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), en la víspera del relevo en la presidencia del tribunal. Mientras tanto, la Asociación de Abogados Penalistas consideró que el caso debe ser investigado y deslindarse las responsabilidades administrativas o penales que resulten.
Lara Chávez dijo estar sorprendida por la revelación de la información a través de un documento no oficial y que es un borrador que salió de la ESAF, porque hasta el momento ni el tribunal ni el Consejo de la Judicatura ha sido notificados de ninguna observación resarcitoria de la cuenta pública de 2014, dijo.
“Es un tema que verdaderamente sorprende porque ni siquiera está notificado oficialmente, entiendo que esta es una filtración que viene de la Entidad Superior de Fiscalización, que habría que revisar qué es lo que hace, filtrar documentos de esta manera, pero además se nota que evidentemente hay una intención. ¿Qué va a pasar? No lo sé, porque todavía no tenemos una notificación, desde diciembre estamos esperando y es la fecha en que no la tenemos”, dijo.
El documento filtrado detallaba que Lara Chávez, los integrantes del Consejo de la Judicatura y el administrador general, debían devolver de su propio bolsillo casi 800 mil pesos al presupuesto del TSJ, porque indebidamente Carmen Aquino Celis y Jorge Gamboa Olea recibieron como magistrados tres meses de aguinaldo, pese a que no tenían derecho a esta prestación, ya que al momento de su designación, en junio de 2014, ya estaba vigente la reforma a la Ley del Servicio Civil que en su artículo 42 establece que altos funcionarios como el gobernador, los diputados y magistrados no pueden recibir aguinaldo.
También en el documento fue mencionado el magistrado Ángel Garduño González sin especificar el motivo, pues él fue designado en el 2009.
Insistió en que la revelación de la información “es muy coincidente con el momento de la renovación de la presidencia y parece que la pretensión es lastimar la imagen de algunas personas”.
Aunque no validó el contenido del documento por no ser oficial ni aprobado por el titular de la ESAF, reconoció la entrega de aguinaldos a Aquino Celis y Gamboa Olea y, sin precisar detalles, aseguró que todas las acciones realizadas durante su administración han sido apegadas a derecho y bajo un cuidadoso control de gastos.
Dijo que esperará la comunicación oficial de los resultados de la revisión de la cuenta pública de 2014, y “puede ser que eso que vemos como un borrador cambie, no puedo asegurar nada hasta no tener el tema en la mano”.
Pronosticó que en la carrera por la presidencia de la TSJ habrá más golpeteo y se abstuvo de realizar comentarios en torno al resto de los magistrados, porque “no quiero enconar los ánimos internos”.
Penalistas piden investigación
Por su parte, el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Estado de Morelos, Said Basave Gómez, afirmó que podrían generarse responsabilidades administrativas y hasta penales si Aquino Celis y Gamboa Olea recibieron aguinaldo en calidad de magistrados.
Recalcó que el aguinaldo es un derecho exclusivo de los trabajadores y en el caso de los magistrados la ley es muy clara, no tienen derecho a esta prerrogativa.
Recordó que ambos magistrados antes de su designación eran jueces del TSJ y tenían derecho a recibir sólo la parte proporcional de aguinaldo con base en el salario que percibían como juzgadores de primera instancia.
Dijo que el caso debe ser observado por la ESAF y en su caso requerir la devolución del dinero pagado a los magistrados por concepto de aguinaldo, además de que podría generarse responsabilidad administrativa y hasta penal, porque de acuerdo con el artículo 279 Fracción I del Código Penal, cualquier funcionario que utilice o distraiga fondos del Estado para otro fin incurre en responsabilidad por el delito de peculado.
“Creo que es algo importante que se tiene que investigar, y como presidente de los penalistas yo sí exijo que se aclare este punto y que se sancione a quien se tenga que sancionar, porque esto nada más es la punta del iceberg de lo que está pasando en el TSJ, y que desde hace unos meses y años hemos señalado estas irregularidades al interior del tribunal, como son los gastos excesivos en que ha incurrido la administración saliente. Y que parece que no pasa nada, parece que no importa que el tribunal se gaste millón y medio en telefonía celular, parece que es algo normal. Creo que son temas importantes y delicados en los que debemos dar seguimiento”, sostuvo.
Opinó que en caso de confirmarse la irregularidad en el pago de aguinaldo a los dos magistrados, la responsabilidad recaería sobre el Consejo de la Judicatura o la magistrada presidenta, o sobre quien autorizó la entrega de los recursos, aunque los juzgadores no estarían exentos porque como profesionales del derecho sabían que no debían recibirlo.
