Hugo Bello Ocampo denuncia que el gobernador utiliza discrecionalmente los recursos asignados al área y reitera que Juan Salazar Núñez no cumple con su obligación

El coordinador del Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, Hugo Bello Ocampo, acusó al gobernador de utilizar discrecionalmente el presupuesto destinado al combate a la corrupción y lamentó el desprecio que los Poderes Ejecutivo y Legislativo demuestran hacia este comité, que con recursos propios, avanza dentro de la medida de sus posibilidades en cumplir con su misión. Además, la Fiscalía Estatal Anticorrupción hasta el momento no tiene ninguna carpeta de investigación abierta.

Expresó que la Comisión de Hacienda del Congreso se comprometió el año pasado a etiquetar recursos para las funciones del comité ciudadano, y con ello dar cumplimiento a la declaratoria de la reforma a la Constitución local que creó el Sistema Estatal Anticorrupción, pero finalmente la promesa fue incumplida.

“No se dio cumplimiento (a la reforma) porque no se mandó a hacer una modificación al decreto de presupuesto de 2015, ni tampoco se hizo ninguna asignación ni transferencia alguna al de 2016. Entonces el Comité de Participación Ciudadana y también el comité coordinador (integrado por diversos dependencias) está sin ninguna asignación de recursos, lo cual pues implica que tenga poca actividad”, dijo.

Explicó que hasta ahora los gastos de operación del comité ciudadano son costeados con los recursos propios de sus integrantes, lo que incluye la renta de una pequeña oficina, papelería y otros insumos que son necesarios para atender algunas quejas, denuncias o dudas de otros ciudadanos.

Detalló que ya están listos los planes y proyectos de trabajo del comité, pero los Poderes Ejecutivo y Legislativo han rechazado revisarlos, además de negarles el derecho de audiencia y “pareciera que no quisieran que existiéramos”.

Precisó que si bien en el presupuesto del 2016 fueron destinados por el Congreso local 30 millones de pesos para la instauración del Sistema Estatal Anticorrupción, los recursos fueron considerados como una “provisión”, que permite al gobernador hacer uso discrecional de ese presupuesto.

“La provisión para la implementación del sistema estatal corrupción, así le llamaron en el presupuesto, permite que el titular del Poder Ejecutivo asigne los recursos con discrecionalidad, es decir, la Secretaría de Hacienda o través de un acuerdo del titular del Ejecutivo, se pueden asignar los 30 millones a quienes ellos consideren pertinente, lo cual es verdaderamente inaceptable, porque se supone que caminar en una línea anticorrupción pues tiene que evitar la discrecionalidad y etiquetar bien los recursos para cada órgano, para cada comité, sobre todo si están creando un comité como órgano autónomo.

“Y esa discrecionalidad nos ha llevado a ser una especie de víctimas y que no tengamos ninguna asignación de presupuesto, porque quizá no seamos muy agradables o cómodos a los funcionarios del Ejecutivo ni a los del Congreso tampoco”, afirmó.

De los 30 millones previstos para el Sistema Estatal Anticorrupción, 16 fueron asignados por el Poder Ejecutivo al Tribunal de Justicia Administrativa (básicamente para gasto corriente, homologación de salarios y pago de emolumentos de dos magistrados más), cuatro millones para la Fiscalía Anticorrupción, a cargo del ex consejero jurídico del gobernador, Juan Salazar Núñez, y de los 10 millones restantes se desconoce su aplicación o destino.

Bello Ocampo lamentó la postura de los Poderes Legislativo y Ejecutivo hacia los ciudadanos que fueron designados por la legislatura anterior para ejercer labores de observación y vigilancia del sistema anticorrupción, y afirmó que está a la espera de la resolución del juicio de amparo promovido por la omisión de los diputados y el gobernador de dotar de recurso al comité y cumplir con la reforma constitucional de agosto de 2016.

“Percibo indiferencia, indolencia y hasta desprecio de las diferentes instancias, desde el titular del Ejecutivo hasta los diputados, para que el comité inicie sus funciones como marca la Constitución”, subrayó.

Inactiva, la fiscalía anticorrupción

Por otra parte, Bello Ocampo, quien fue procurador de justicia, ha ejercido diversos cargos en la administración pública y actualmente es litigante, afirmó que pese a que la Fiscalía Estatal Anticorrupción cuenta con instalaciones y presupuesto para su operación, hasta ahora no tiene ninguna carpeta de investigación abierta.

En su opinión, esta fiscalía tiene que comenzar a trabajar y absorber los asuntos relacionados con actos de corrupción que se encuentran en la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores.

Dijo que el comité ciudadano pedirá al fiscal general, Javier Pérez Durón, que emita un acuerdo para que su homólogo anticorrupción, Juan Salazar Núñez, cumpla con la misión que le fue encomendada.

“Lo que vamos a pedir es que el Fiscal General dicte un acuerdo en el que todas las carpetas de investigación las remita a la Fiscalía Anticorrupción, porque ya tiene su oficina, su presupuesto y sus facultades en la ley para conocer y continuar con los procedimiento de investigación y resolver cuáles asuntos ameritan judicializarse y cuales no ameritan el ejercicio de la acción penal. Es decir, a partir de que ya tiene su ley pues la fiscalía tiene que trabajar y no vemos ninguna actividad hasta esta fecha”, explicó.