Cuernavaca, Morelos.- El empresario textil Mario Alberto Flores García denunció penalmente al consejero de la Judicatura, Rubén Jasso Díaz, por influir en la asignación de un contrato para confección de los uniformes del personal del Tribunal Superior de Justicia a la empresa Corporativo Nautilius S.A. de C.V., copropiedad de su hermano y magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo, Martín Jasso Díaz, y su cuñada Fulgencia Villegas Castorela, directora Jurídica de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor).
Según el denunciante, en agosto de 2013 acudió al Consejo de la Judicatura a presentar su propuesta para competir por el contrato, pero el entonces consejero Julio Ernesto Pérez Soria, le exigió una serie de requisitos para participar, pero finalmente fue excluido del proceso y en diciembre ese año supo que la empresa ganadora fue el Corporativo Nautilius.
Señaló que tiempo después supo que la empresa beneficiada con el contrato era propiedad de familiares del consejero Rubén Jasso Díaz. Incluso, mostró copia de un acta constitutiva del corporativo, escriturada en noviembre de 2013 en por la entonces notaria 5, Patricia Mariscal Vega, en la que parecen como fundadores de la maquiladora Benito, Quirino y Fulgencia Villegas Castorela, Elia Castorela Ocampo, Martín Jasso Díaz y Javier Nava Castillo.
Indicó que al constatar la vinculación familiar entre el magistrado del TJA, Martín Jasso, y su esposa Fulgencia Villegas con el consejero y magistrado, Rubén Jasso Díaz, decidió promover la denuncia de hechos SC01/3690/2016, ante el evidente conflicto de intereses, tráfico de influencias y uso indebido de la función pública.
Es la segunda denuncia sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción de magistrados que surge en el umbral de la renovación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.
La primera surgió con la revelación de que los magistrados Carmen Aquino Celis y Jorge Gamboa, cobraron cerca de 300 mil pesos de aguinaldo cada uno, cuando ya les aplicaba la reforma al artículo 42 de la Ley de Servicio Civil, que establece que esa prestación es exclusiva de los trabajadores y no le corresponde a funcionarios como gobernador, diputados, magistrados, entre otros. Por este caso, no hay denuncia penal y la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización no se pronuncia todavía al respecto.
