Cuernavaca, Morelos.- El Congreso del estado iniciará una depuración de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), para lo cual someterá a concurso de oposición cerca de 15 plazas (en diferentes jerarquías y responsabilidades), como parte del servicio profesional que exige la Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado.
Se trata de una propuesta que se trabaja desde la Junta Política y de Gobierno (por los coordinadores parlamentarios) y que fue planteada por el titular de la ESAF, Vicente Loredo Méndez.
El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Jaime Álvarez Cisneros, confirmó que podría ser en el mes de junio cuando se lleve a cabo este proyecto, a fin de "profesionalizar" este órgano de fiscalización y evitar que la designación de personal sea más un pago político.
Explicó, además, que será parte de un plan llamado "Pacto Hacendario", en el que también se incluirá el "rescate financiero" a los 33 gobiernos municipales, para que más autoridades puedan pagar las deudas que tienen por laudos incumplidos.
"De poder profesionalizar el trabajo de la unidad, que exista un servicio civil de carrera y no en cada llegada, en cada legislatura se enriquezca el trabajo de esta auditoría de gente que llega acompañando a los diputados, eso sucede, pero lo hacemos todos, de gente que llega con los diputados y se le invita a los organismos de la propia unidad", refirió el legislador local.
Álvarez Cisneros refirió que el personal que se contrate, mediante concurso de oposición, deberá ser experto en rendición de cuentas, y de esta forma se depurará la ESAF de trabajadores vinculados a los diputados locales.
En cuanto al "Pacto Hacendario", dijo que se trata del proyecto que impulsó el actual gobierno estatal, en el 2013, y que no avanzó como se planeaba pues la pasada Legislatura no accedió a aprobar deudas para los gobiernos municipales.
En este caso, según se ha adelantado, se tratará de una deuda contratada desde el Poder Ejecutivo, que a su vez integrará un Fideicomiso que se encargará de pagar más dudas de los municipios por laudos no cumplidos desde administraciones pasadas.