“El gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu mintió con respecto a la legalidad y número de fosas, así como al hecho de que todos los cadáveres tenían carpetas de investigación. Insistió en que todo se encontraba de acuerdo con la legalidad y con los protocolos establecidos”, afirmó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Jesús Alejandro Vera Jiménez, durante la presentación del informe sobre la participación institucional en la exhumación de cadáveres en las fosas de Tetelcingo, Cuautla.

Señaló que el gobernador de Morelos, “incurrió en delitos de encubrimiento, negligencia y obstrucción de la justicia. Por ello, el mandatario y todos los funcionarios involucrados en la comisión de estos delitos, deben ser investigados y sancionados conforme a derecho y se debe garantizar la justicia restaurativa a las víctimas”.

Esto, dijo, podría configurar delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, los que también deben ser investigados y sancionados por organismos internacionales debido a que algunas de las personas exhumadas de las fosas fueron víctimas de delitos, “la labor de la fiscalía aún no ha concluido, debe investigar los hechos, poner a disposición de un juez a los responsables y garantizar que se haga justicia verdadera”.

En conferencia de prensa ofrecida en el Centro Nacional de Comunicación Social, en la Ciudad de México, el rector de la UAEM dijo que el informe es una primera lectura desde la universidad de las diligencias de exhumación realizadas del 23 de mayo al 3 de junio de 2016, en las que participaron los peritos forenses de la UAEM, con el objetivo de entregarles de manera formal un documento a las organizaciones y familiares de víctimas y que sean ellos los que determinen el alcance que tendrá el informe en materia de procuración de justicia en el ámbito nacional e internacional.

El rector Vera Jiménez informó que en Tetelcingo se encontraron 117 cuerpos “enterrados como basura en dos fosas que no se encontraron localizadas con precisión, entre ellos los de tres menores. Lo que suma un cuerpo más a los 116 que, según la Fiscalía, había enterrados en las fosas de Tetelcingo”. Se encontraron, además nueve bolsas con 12 restos de otros cuerpos, de los cuales no existía registro alguno y a los que se les abrió carpeta de investigación. Todos los cuerpos exhumados corresponden a delitos cometidos entre 2010 y 2013.

Hay una diferencia entre los 117 cuerpos y los 150 que se inhumaron el 28 de marzo de 2014, según la tarjeta informativa de la Dirección de la Policía Preventiva Municipal, Mando Único de Cuautla. Los cuerpos restantes, presumiblemente estarían depositados en una tercera fosa, de acuerdo con el expediente de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández y con la mencionada tarjeta informativa, puntualizó el rector.

“De los 117 cuerpos exhumados, 34 no tenían o no estaban vinculados a carpeta de investigación alguna, por lo que se les asignó un número de carpeta de investigación. Lo que contradice contundentemente lo afirmado públicamente por el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu el 6 de diciembre de 2015 y por el fiscal Javier Pérez Durón el 26 de noviembre de 2016”.

Además, dijo, algunos cuerpos no tenían la necropsia de ley; otros más habían sido mutilados y/o presentaban huellas de malos tratos, inhumanos y degradantes. Otros presentaban heridas por proyectil de arma de fuego; otros de ellos conservaban sus ropas y pertenencias personales que son fundamentales para su identificación y la persecución del delito. “Es importante mencionar también que se encontraron cuerpos identificados con nombre y apellidos, de los cuales se conocía su procedencia. La Fiscalía nunca ha informado qué acciones llevó a cabo para dar con el paradero de sus familias”, continuó Alejandro Vera.

 Al también referir que en las fosas de Tetelcingo “no se cometió un error garrafal, como afirmó el gobernador el pasado 17 de junio, sino actos criminales al inhumar personas ilegalmente y en fosas clandestinas, sin cumplir con los protocolos para la identificación humana. Por ello, es imperativo que la Fiscalía General del estado realice acciones para identificar a cada una de estas personas y entregarlas a sus familias”.

Aseguró que la UAEM seguirá trabajando para procesar las muestras y facilitar la identificación de los cuerpos exhumados, realizar los trabajos de investigación criminalística y asesorar a los familiares de víctimas en materia legal para que procedan en el ámbito local, nacional e internacional, conforme a sus intereses a efecto de que se les haga justicia.