Cuernavaca, Morelos.- A un año del homicidio del abogado Javier Vicente Albarrán, continúa extraviado el video en el que se identifica al asesino y la Fiscalía General del Estado no solamente mantiene estancada la investigación, sino que no hay sanciones a servidores públicos que, intencionalmente o no, permitieron la desaparición de la grabación del crimen.
El litigante y presidente de la Barra de Abogados de Morelos, Miguel Ángel Rosete Flores, dijo que presentó una promoción ante el agente del Ministerio Público para exigir una explicación de por qué una prueba tan importante no obra en la carpeta de investigación del homicidio del litigante, ocurrido en julio de 2015.
Incluso, dijo, “estoy valorando promover la queja correspondientes tanto en Visitaduría como en la Procuraduría General de la República por el retraso, por la omisión y obviamente por la falta de compromiso con la sociedad de dar resultados, a un año del cobarde asesinato de Javier Albarrán".
“A un año estamos peor que al inicio, porque en el inicio valientemente aportamos nuestros testimonios, aportamos las pruebas, aportamos un video de manera responsable y hoy simplemente no está. Ese video tiene el momento del hecho delictivo, del asesinato de un ser. Qué lástima que el personal de la fiscalía haya extraviado de manera voluntaria o involuntariamente el video que mostraba el rostro del asesino de Vicente”, recalcó.
Dijo que fueron policías integrantes del grupo de homicidios los que tuvieron acceso a la carpeta de investigación y las pruebas aportadas, pero hasta ahora no hay una investigación para deslindar responsabilidades.
“Los policías, los que tuvieron el acceso a las pruebas que ofrecimos, las traspapelaron, las perdieron, extraviaron, porque el cambio de tanto policía provocó que nadie sea responsable de todas las pruebas que se aportaron. No obran en la carpeta de investigación y no se sabe hacia dónde va la investigación”, aseveró, e insistió que la fiscalía estatal con estas acciones revictimiza y violenta el derecho de acceso a la justicia a quienes han sido directa e indirectamente víctimas del delito.
