De acuerdo con datos recabados, algunos jueces tanto del sistema de justicia tradicional como oral han presentado ante los juzgados federales los oficios por los cuales renuncian a impugnar el proceso legislativo, que en su momento calificaron como ilegal e inequitativo.

El 19 de julio de 2009, el Poder Legislativo designó a los magistrados Rubén Jasso Díaz, Guillermina Jiménez Serafín, Carlos Iván Arenas, María Idalia Franco, Ángel Garduño y Norberto Calderón Ocampo, y al consejero de la Judicatura, Ernesto Pérez Soria.

El entonces presidente del TSJ, Ricardo Rosas Pérez, promovió la controversia constitucional 66/2009 alegando la inconstitucionalidad de los nombramientos. La Suprema Corte concedió una suspensión que impidió que los magistrados y el consejero entraran en funciones.

Paralelamente, fueron promovidos 23 amparos, la mayoría por jueces del TSJ que participaron en el concurso de oposición para ocupar seis vacantes de magistrados y que fueron descalificados o no resultaron favorecidos con los resultados.

El 1 de julio de este año, la SCJN determinó revocar la suspensión y permitir que los magistrados y el consejero de la Judicatura entraran en funciones.

Ante esto, algunos jueces consideraron infructuoso continuar con los juicios de amparo, sin embargo aún está por confirmarse cuántos jueces se desistieron y cuántos ratificaron su demanda de garantías.