El sistema de transporte colectivo del estado de Morelos ha interpuesto más de 400 amparos en contra de la ley en la materia; de ellos, se han resuelto 17 y todos han sido sobreseídos, luego de las revisiones y análisis hechos en los juzgados tercero, quinto y séptimo de distrito, indicó una fuente del área jurídica del Congreso local a La Unión de Morelos, que pidió omitir el nombre.

Manifestó que la conclusión de los jueces fue en el sentido de que falta interés jurídico, es decir, que no acreditaron su personalidad, porque interpusieron su recurso legal como particulares y un concesionario no es considerado como tal en materia jurídica como ésta.

Y agregó que como permisionarios, son sujetos a una serie de directrices del propio Estado. Es decir, son explotadores de un permiso o concesión, pero éstas siguen siendo del gobierno, a partir de ahí es que no lograron el objetivo deseado.

Luego abundó en el sentido de que inicialmente se emocionaron con la suspensión que les dieron para efectos, pero ésta es temporal, mientras se decide la materia de fondo, queda sin efecto una vez que la autoridad en la materia dicta la resolución en cuestión del amparo.

La fuente informativa externó que igual y a estas alturas los quejosos ya se dieron cuenta del error, pero es tarde, porque parece que todos los demás amparos vienen igual, entonces poco o nada tienen que hacer ante ello, adelantó.

Por otra parte, también informó que en lo que toca a los amparos en contra de la Ley del Instituto de  Crédito, son arriba de 100, ya salieron los primeros nueve y también van en contra de quienes los interpusieron, pero aquí habrá que esperar más resoluciones, a fin de ver con mayor claridad hacia dónde se inclina la balanza.

No obstante, advirtió que los demandantes tienen aún algunos recursos legales a los cuales recurrir y seguramente lo harán, por eso no se trata de una cosa juzgada, queda algo de tiempo por delante en ambos temas que son de alto impacto social.