Se trata de una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso local, a fin de crear un órgano interno de control que se encargaría de investigar o en su caso corregir actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas por parte de los servidores públicos del Congreso.

La propuesta, que fue presentada el viernes pasado en sesión ordinaria y fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación para su análisis, plantea que dicha contraloría tendría atribuciones para revisar el manejo del presupuesto del Congreso; incluso, si el encargado del órgano llegara a detectar irregularidades, éste estaría facultado para presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en Atender Hechos de Corrupción.

"... el Comité de Vigilancia, integrado por diputados, no posee la misma naturaleza de las contralorías internas que fueron consideradas por los constituyentes federales o los legisladores, al crear el Sistema Nacional Anticorrupción, y que debe ser permeado a los entes locales y municipales", dijo la legisladora, al considerar que el Congreso también debe ser fiscalizado mediante un órgano de control como otras instituciones públicas.

La Contraloría interna del Congreso contaría con autonomía, independencia y con un presupuesto para contratar personal que fiscalice e investigue actos administrativos que podrían ameritar una sanción.