Integrantes de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores (Conimer), denunciaron la intención de autoridades estatales de privatizar el servicio de recolección y confinamiento de desechos sólidos, obligando al cierre de los rellenos sanitarios.
El presidente de dicha organización, Francisco Urióstegui Pineda, dijo -a nombre de sus agremiados- que a través de diversos conductos, vienen siendo amedrentados e incluso “en lo que se refiere a Yautepec, ya se advirtió que a partir del primero de enero no se quiere ver a ningún pepenador en los tiraderos, cosa que se nos antoja muy atrevida”.
Resaltó que la absoluta mayoría de los pepenadores “son seres indefensos que carecen de atención a su salud, educación y vivienda. O sea, no tienen nada, pero aún ese nada se les quiere arrebatar, dejándolos sin ingresos, que es de lo que sobreviven”.
Consideró que el Poder Legislativo tiene mucha participación en lo anterior, porque fue ahí donde se aprobó la propuesta de llevar a la privatización el rubro.
Pero abundó en el sentido de que la intención del decreto es entregar la concesión a 30 años, comprometiendo las siguientes cinco administraciones del gobierno estatal, “lo que se antoja inadmisible”. Incluso, a nombre de esa asociación, Urióstegui Pineda hizo un llamado a los presidentes municipales a ponerse del lado de su gente, “y a no permitir esas injusticias”.
Mencionó incluso que de concretarse el objetivo, también se afectará a las familias en general, porque en el cobro del predial vendrá un concepto de pago por el servicio de recolección. Más adelante señaló que conforme a datos oficiales, para esto se invirtieron 350 millones de pesos, sobre todo en la construcción de siete plantas de separación de residuos sólidos domésticos, “pero estamos enterados que tres de esas plantas, que son las más caras, costaron realmente 20 millones de pesos cada una, o sea, que la inversión es mucho menor”.
Aseguró el presidente de Conimer que entre los conceptos fundamentales de la nueva empresa, se advierte que serán los ciudadanos los que separen los residuos sólidos, con la obligación de entregarlos al carro recolector y que si alguien pretende venderlos por sí solo, será multado. A los ayuntamientos les cobrarán 80 pesos por tonelada entregada.
Hizo un cálculo de ingresos con base en la generación de mil 600 toneladas de basura al día y aseguró que el ingreso mensual es en promedio de 44 millones 887 mil 200 pesos, ya sumadas las ventas del pet y otros materiales reciclables. Finalmente, advirtió que entrando el año 2017, iniciarán movimientos de protesta y si es posible recurrirán a los tribunales en su defensa.
