El Congreso podría aprobar el convenio con Ferrosur antes de que concluya el actual periodo.

El Congreso del estado podría aprobar el convenio entre el gobierno del estado y la empresa Ferrosur, la próxima semana, lo que permitirá que en 2020 se reactive el transporte ferroviario en la zona oriente de Morelos.

Ayer viernes, la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González, compareció ante los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y explicó el objetivo del segundo convenio, que sería una extensión del que firmó la administración estatal pasada con la empresa.

La funcionaria recordó  a los legisladores que el gobierno de Graco Ramírez abandonó dicho proyecto, que permitirá una reactivación económica para la región oriente de la entidad y de las empresas que se ubican en la zona.

“Los beneficios son conectar Morelos con la red ferroviaria del país; potencializar la economía de la región tendiendo un transporte rápido, económico y sustentable”, resaltó la funcionaria.

Asimismo, Ana Cecilia Rodríguez González explicó a los diputados que a seis meses de que se reactive el transporte ferroviario en Morelos, el gobierno del estado podrá recuperar los 107 millones de pesos que se invirtieron para rehabilitar las vías del ferrocarril y que se tomaron del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp).

Además, refirió que la empresa Ferrosur generará para el estado 100 millones de pesos más con inversión privada, de acuerdo con lo establecido en el convenio que se busca autorice el Congreso del estado.

Tras los cuestionamientos de los legisladores, la diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, aseguró que en los próximos días se procederá al dictamen del acuerdo a fin de que sea votado por el pleno del Congreso, lo que podría concretarse antes del 15 de diciembre, que es cuando concluirá el periodo ordinario de sesiones.

 

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Viernes, 06 Diciembre 2019 05:15

Exigen garantizar estacionamiento gratuito

El Congreso exhorta a los ayuntamientos a vigilar el cumplimiento de reglamentos que exentan el cobro hasta por dos horas.

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No se ha formalizado el aumento en el presupuesto local de la Máxima Casa de Estudios del estado.

A 10 días de que concluya el período ordinario de sesiones en el Congreso del estado, el dictamen de reforma constitucional que permitirá un aumento presupuestal del 0.5 por ciento a favor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) sigue estancado.
De acuerdo con la diputada panista Dalila Morales Sandoval, impulsora de la propuesta, desde hace dos semanas ya se había logrado un acuerdo para la aprobación de la reforma al artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Morelos.
Sin embargo, el dictamen sigue detenido en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación y, al parecer, no hay un consenso definido para que se presente al Pleno para su aprobación antes del 15 de diciembre.
Por tratarse de una reforma constitucional, una vez aprobada, la minuta deberá turnarse a los 36 municipios para su aprobación como Constituyente Permanente, a fin de que se emita la declaratoria de validez constitucional. Dicho proceso se  llevaría al menos 30 días.
La diputada panista declaró ayer sobre el tema que el acuerdo más claro que existe entre los legisladores es que "sí se va a apoyar a la universidad".
No obstante, ya no habló sobre la aprobación de la reforma constitucional, pues refirió que el rector de la UAEM Gustavo Urquiza Beltrán pidió a los diputados aguardar sobre el apoyo económico que se espera sea autorizado por la Federación en los siguientes días.
La reforma constitucional garantizará el  tres por ciento del presupuesto del estado a la UAEM, lo que significaría alrededor de 800 millones de pesos para el 2020.

    

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Si no se garantiza un incremento en los ingresos de los ayuntamientos para el próximo año, las autoridades no podrán garantizar ni siquiera la prestación de los servicios básicos, afirma Dalila Morales.

La diputada panista Dalila Morales Sandoval afirmó que regresar a los municipios el cinco por ciento de sus participaciones federales evitará una problema social debido a la insuficiencia presupuestaria que se prevé en los ayuntamientos para el 2020, a causa de la anulación del impuesto adicional.
En entrevista, la legisladora local sostuvo que la propuesta de reforma de la Ley de Coordinación Hacendaria busca ayudar a la economía de los ayuntamientos sin "pegar en el bolsillo de los ciudadanos" con más incrementos en derechos e impuestos municipales.
Además, refirió que si no se garantiza un incremento en los ingresos de los municipios para el próximo año, las autoridades no podrán garantizar la prestación de los servicios municipales básicos, como la recolección de basura y mucho menos habrá obra pública.
"El tema no es generar condiciones a cargo del ciudadano, que es lo más importante. Podemos ayudar a los municipios y es la solución más real que podemos encontrar y que no pegue a los ciudadanos", añadió Morales Sandoval.
La diputada dijo que la propuesta ha sido vista "con buenos ojos", por lo que se podrían generar los consensos entre la mayoría de los legisladores para aprobar la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado.
Sin embargo, Morales Sandoval refirió que, de concretarse la propuesta, los ayuntamientos deberán comprometerse a la transparencia del ejercicio de los recursos públicos, ya que se ha confirmado el mal uso de los ingresos municipales por las administraciones municipales pasadas.

 

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Plantean extender el periodo hasta el 31 de diciembre para favorecer la regularización en el trámite.

El Congreso del estado exhortó a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) a que  autorice una segunda prórroga -hasta el 31 de diciembre- para el cumplimiento del programa de reemplacamiento 2019. 
En sesión de Pleno, el diputado pesedista Alfonso de Jesús Sotelo Martínez presentó un punto de acuerdo con el fin de plantear a la dependencia estatal una ampliación del período de canje de placas, en beneficio de los automovilistas a los que les resultó "imposible" cumplir con dicha obligación.
"El motivo primordial de solicitar una prórroga más, es primordialmente apoyar a las familias en su economía y eviten pagar multas y recargos, asimismo atendiendo a que durante el mes de diciembre, a diferencia del resto del año, la mayoría de los ciudadanos percibe mayores ingresos, ya sea por concepto de aguinaldos, o en el caso de los comerciantes y empresarios, que aumentan sus ventas, lo que constituye una mayor posibilidad de afrontar gastos como el que se genera con el canje de placas", expuso el legislador Sotelo Martínez en el acuerdo que fue votado por la mayoría de los legisladores.
El programa de reemplacamiento venció de manera oficial el 30 de septiembre. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad y Transporte autorizó una prórroga hasta el 30 de noviembre.
El exhorto del Congreso del Estado es con la finalidad de que los ciudadanos puedan canjear sus placas hasta el 31 de diciembre de este año sin tener que pagar recargos a la Hacienda estatal.

Designan a secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios

El Pleno del Congreso designó como titular de la Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios a Francisco Betancourt López.
El funcionario se encontraba como encargado de despacho, sin embargo, la tarde de este miércoles, fue ratificado en la representación.

 

 

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Regresan pensión a hermana de la presidenta del TSJ.

Guillermina Jiménez Serafín fue ratificada por el  Congreso del estado  como magistrada supernumeraria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por un período de ocho años.
En sesión ordinaria, ayer, el Pleno del Congreso  tomó protesta a la magistrada, quien por dos años litigó su derecho a ser ratificada, luego de que la LIII Legislatura determinó como no procedente su permanencia, por supuestamente no haber cumplido con los requisitos de evaluación.
El dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) fue votado a favor por 13 diputados, en cumplimiento a la sentencia emitida en el recurso de revisión por el segundo Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del décimo circuito, derivado del juicio de amparo 1917/2017.
La ratificación de la magistrada será un contrapeso en el TSJ, que se encuentra fracturado desde hace varios meses.
Durante la misma sesión ordinaria, los diputados ratificaron también a José Luis Jaimes Olmos, como magistrado suplente del Tribunal de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, en cumplimiento a lo establecido en la sentencia emitida del juicio de amparo en revisión 375/2018, emitida por el primer Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del Décimo Octavo Circuito.

También, el Pleno del Congreso devolvió su pensión por cesantía en edad avanzada a Patricia Ana María Guadalupe Cuevas López, hermana de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas.
El dictamen fue votado de urgente y obvia resolución, luego de que el diputado José Casas González lo presentó de último momento ante el Pleno, como presidente de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
El dictamen con proyecto de decreto se aprobó con la finalidad de reformar el artículo segundo del decreto número 3261, por el que se concedió la pensión a Cuevas López, quien se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta del TSJ, en cumplimiento a la sentencia dictada en la controversia constitucional 185/2018 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con fecha de 22 de mayo de 2019.

 

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La medida requiere una reforma hacendaria encaminada a resarcir la pérdida del llamado impuesto adicional.

Los diputados locales buscarán regresar a los municipios el 25 por ciento de los recursos totales del Fondo General de Aportaciones, con el fin  de evitar un impacto en sus finanzas por la anulación del impuesto adicional de sus leyes de ingresos, que fue declarado por la Corte como inconstitucional.
En diciembre del 2012, la LIII Legislatura modificó la Ley de Coordinación Hacendaria, a fin de que el cinco por ciento de las participaciones federales a los municipios fuera usado para la creación del Fondo General para la Seguridad Pública en el Estado, a fin de dar vida al Mando Único, a propuesta del ex gobernador perredista Graco Ramírez.
Este miércoles, en sesión ordinaria, la diputada panista Dalila Morales Sandoval presentó, de último momento, una iniciativa para modificar la citada ley hacendaria, con el fin de apoyar a los municipios.
La legisladora sostuvo que la anulación del impuesto adicional será un “duro golpe” a las finanzas de los municipios, que ya enfrentan problemas económicos graves por las deudas heredadas de las administraciones anteriores.
En la propuesta, la diputada expuso que con la desaparición del impuesto adicional los municipios dejarían de percibir un monto superior a los 350 millones de pesos anualmente, pero de concretarse la citada reforma legal, los ayuntamientos recibirán 485 millones de pesos más de las participaciones federales.
La propuesta que impulsó Dalila Morales Sandoval será discutida en las siguientes horas por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.

 

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Permitirá al gobierno estatal firmar convenios con la iniciativa privada para el desarrollo de proyectos de infraestructura.

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Miércoles, 04 Diciembre 2019 05:14

Lamentan postura de magistrada contra el Congreso

María del Carmen Cuevas López cuestionó ante la SCJN la medida legislativa que asignó al TSJ recursos para pagar pensiones.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, reiteró que el Congreso del estado actuó apegado a la legalidad en la aprobación de la reforma para la reasignación de 26 millones de pesos a favor del Poder Judicial para cumplir de esa forma con el pago de pensiones de ex trabajadores.
En entrevista, lamentó que la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López haya señalado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) supuestas irregularidades en la votación, realizada por 13 legisladores, para modificar el Presupuesto de Egresos 2019.
Sotelo Martínez estableció que el fin principal de la determinación del Pleno Legislativo, el pasado 6 de noviembre, fue cumplir con un mandato de la Corte en favor de los trabajadores jubilados, resultado de una controversia constitucional que promovió el Poder Judicial.
"Nosotros hemos hecho la parte que nos toca, si alguien no quiere verlo de esa forma tendrá su propia opinión o a la mejor tendrá sus propios compromisos", manifestó.
El presidente de la Mesa Directiva señaló la posible intención de la magistrada presidenta del TSJ de combatir jurídicamente la legalidad del decreto de reforma. Sin embargo, insistió que el interés principal para el Poder Judicial debería ser sus trabajadores.
"La posibilidad siempre está latente. Nosotros le dimos cumplimiento a lo que un poder estableció en su última etapa", insistió el legislador pesedista.

 

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El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción califica como ilegal la designación de Alejandro González Chévez como “secretario técnico interino” de la Secretaría Ejecutiva.

El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) calificó como ilegal la designación de Alejandro González Chévez como “secretario técnico interino” de la Secretaría Ejecutiva del SEA, y exhortó al Comité de Participación Ciudadana presidido por Roberto Coranguez Esquivel, a coadyuvar a la construcción del sistema anticorrupción y actuar con apego a la ley.

A través de una misiva fijaron su postura la encargada de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, América López Rodríguez; el fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez; el secretario de la Contraloría, César Santana Nava; la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López; la comisionada presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Mireya Arteaga Dirzo; Manuel García Quintanar, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; y América Jiménez Molina, contraloría municipal de Cuernavaca, quienes integran el Comité Coordinador del SEA.

En el documento público establecieron que el artículo 35 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción establece que es facultad del Comité Coordinador elegir, previa integración de una terna, al secretario Ejecutivo del SEA, y que desde el 31 de octubre realiza reuniones de trabajo en las que, entre otras cosas, revisa que los tres aspirantes cumplan con el perfil y los requisitos legales para ocupar el cargo.

Incluso, destacaron que esta dinámica fue consensuada y aceptada por el presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEA, que también forma parte del Comité Coordinador.

Rechazaron la designación González Chávez como “secretario Técnico interino” por considerarlo ilegal, sin embargo, hicieron hincapié en que decidieron hacer caso omiso a las declaraciones del presidente del Comité de Participación Ciudadana, Roberto Coranguez Esquivel, quien hace días salió en defensa del nombramiento interino realizado con solo con aval de tres de los cinco integrantes del órgano ciudadano.  

“Por todo lo anterior, se reitera que la instituciones representadas por los signantes, han aportado su trabajo, recursos humanos y materiales para poder dar forma y diseño organizacional a la Secretará Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, y así seguirá siendo, tomando en consideración la naturaleza, fines, atribuciones y requisitos que la ley fija para todos; haciendo caso omiso a las declaraciones del presidente del Comité de Participación Ciudadana, para no desgastar la imagen de un sistema en construcción.

“Se exhorta a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a coadyuvar con los trabajos de formación del sistema y su organismo operador que nos corresponden, conforme a las funciones, atribuciones, responsabilidades, obligaciones y límites que la ley nos marca”, establecieron como postura conjunta siete de los ocho integrantes del Comité Coordinador del SEA.

Desde el 2016, el SEA enfrenta una serie de vaivenes jurídicos y político que frenaron su arranque y operación. Desde la integración del Comité de Participación Ciudadano -cuyos primeros integrantes fueron relevados sin ni siquiera haber iniciado formalmente funciones- hasta la ratificación de Juan Salazar Núñez como fiscal anticorrupción, que enfrentó fuertes cuestionamientos por haber sido colaborador del ex gobernador Graco Ramírez.

 

 

 

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