Tras dos años de litigio, la juzgadora tendrá un periodo en su cargo de ocho años más.

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Los diputados desahogarán esta semana los informes de resultados de las finanzas de 2016 y 2017 de 25 municipios; hay anomalías en la mayoría de los ayuntamientos, señala legisladora.

El Congreso del estado desahogará esta semana los informes de resultados de las cuentas públicas 2016 y 2017 de 25 municipios, que se encontraban rezagados en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF).
La diputada Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, informó que después de meses de revisión, debido a las inconsistencias en el trabajo de la ESAF, finalmente 25  informes de resultados de las auditorías aplicadas a los municipios serán turnadas al Pleno legislativo para su aprobación.
Explicó que una vez aprobados por el Congreso, los informes de resultados serán publicados y la ESAF estará en condiciones de proceder legal y administrativamente en contra de las autoridades municipales que ejercieron de manera irregular los recursos públicos en los ejercicios fiscales 2016 y 2017.
Mazari Espín confirmó que en la mayoría de los ayuntamientos se detectaron anomalías. "Hay un municipio, por ejemplo, donde presentan un cheque por una cantidad muy fuerte pero cuando nosotros hacemos el cotejo resulta que ya no existe, lo dieron de baja en el SAT, entonces eso no está dentro del informe que nos presentó la ESAF", explicó.
La diputada refirió que, este martes, presentará dichos informes a los diputados que integran la Comisión de Hacienda, para que en esta semana se presenten al Pleno del Congreso.
Dichos informes son parte del rezago que enfrenta la ESAF desde hace una década aproximadamente, por falta de recursos humanos, pero también por la presunta omisión de los encargados del órgano.
De acuerdo con la legisladora priista, mucha información presuntamente se ocultaba, como el caso de un informe de resultados de una cuenta pública del 2011 de Cuernavaca que por varios meses se le solicitó al ex encargado de despacho de la ESAF Uriel González Sotelo, y nunca entregó al Congreso hasta que fue designada América López Rodríguez al frente del órgano.

 

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El Congreso del estado buscará "recomponer" el Presupuesto de Egresos 2020, a fin de evitar una reducción de más del 50 por ciento en los recursos  para el campo, aseguró el diputado pesedista José Luis Galindo Cortez, pues advirtió que tal determinación podría desatar protestas sociales ante el daño para el sector.

En entrevista, el presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso lamentó la determinación de la Secretaría de Hacienda de reducir 55 millones de pesos para el agro, lo que "no abona para nada al bienestar del estado".

Y adelantó que "no todo está dicho" en la discusión del Paquete Económico, por lo que buscará rescatar al sector del abandono que ha sufrido en los últimos años.

"No lo vamos a permitir, esperemos que esto no nos vuelva a entrampar otra vez en el tema de que no podamos aprobar en tiempo y forma el presupuesto", advirtió José Luis Galindo Cortés.

El legislador refirió que ya existe inconformidad de las organizaciones campesinas por la propuesta de reducir los recursos para el agro y tal inconformidad podría derivar en protestas.

"Si se golpea al campo el campo también lo puede golpear a él, me refiero a manifestaciones, me refiero a que líderes vengan y se manifiesten en la Secretaría de Hacienda y metan presión", manifestó el legislador local.

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Sábado, 23 Noviembre 2019 05:21

Proponen duras sanciones a ruteros

Los que abusen del pasaje y nieguen descuentos  perderían su licencia y estaría en riesgo la concesión de la unidad.

El Pleno del Congreso del estado conoció la iniciativa de reforma que plantea la cancelación del título de concesión para los transportistas que no garanticen la exención del pago del pasaje a las personas con discapacidad y a los menores de tres años, así como la aplicación del 50 por ciento de descuento a los adultos mayores.
Durante la sesión ordinaria de Pleno de este viernes, Ana Cristina Guevara Ramírez, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), propuso modificar diversas disposiciones de la Ley de Transporte del Estado para garantizar el cumplimiento de un derecho establecido para los grupos vulnerables en el uso del transporte público.
La legisladora expuso que todos los días se registran abusos por parte de los operadores de las rutas en contra de los ciudadanos que pueden obtener beneficios en el cobro de la tarifa, pues se les niega de manera ilegal.
"No se cumple o se les dice ‘a ti no te podemos subir porque ya subimos a tres’. Eso es lo que pretendemos regular, darle formalidad en la ley y que sea de verdad de manera obligatoria", señaló Guevara Ramírez.
Explicó que para que los transportistas cumplan se establecerán sanciones como el cobro de multas, el retiro de la licencia de conductor y hasta la cancelación del título de concesión.
Para ello, sólo bastará con que los ciudadanos presenten su queja ante la SMyT y la dependencia inicie una investigación del caso.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación para su revisión y dictaminación.

 

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La próxima semana se modificará el reglamento interno para que trece votos equivalgan a una mayoría calificada, necesaria para aprobar los grandes temas pendientes.

Mediante una reforma al reglamento para el Congreso del estado, los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y las fuerzas políticas aliadas, validarán el nuevo criterio para establecer  como mayoría calificada el voto de 13 diputados de los 20 que integran el Pleno, para  aprobar de esa manera todos los asuntos pendientes antes de que concluya el año.
Se trata de una modificación al artículo 135 del citado reglamento, en el que se fijará el número de votos que requiere una mayoría calificada. La propuesta fue presentada durante la sesión ordinaria de este viernes, que sólo inició para conocer dicho asunto.
La iniciativa será votada hasta la próxima semana, pues la sesión de Pleno se pospuso  por la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Coatetelco.

El grupo mayoritario de diputados también buscará concretar el nombramiento como presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) de Alejandra Flores Espinoza, coordinadora del grupo parlamentario de Morena.
En entrevista, Flores Espinoza admitió que mientras su nombramiento no esté aprobado por la mayoría del Pleno, no se podrá tener certidumbre jurídica de los asuntos que se aborden en la JPyG, como la solicitud de juicio político en contra del ex gobernador Graco Ramírez.
"Hemos buscado el diálogo con ellas (el grupo de siete diputadas) pero no se ha logrado y en esa estamos... hay muchos temas pendientes y la Junta Política es un tema toral para avanzar en muchos asuntos que están detenidos", agregó la legisladora.
La próxima semana también se votarán todos los asuntos enlistados en el orden del día de la sesión ordinaria de ayer, con las dos terceras partes del total de legisladores,ya cuantificada en 13 legisladores.

 

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Es la suma que se habría erogado en cheques para 15 exdiputados.

Hortencia Figueroa Peralta, ex presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado, habría desviado más de nueve millones de pesos  para su beneficio y el de 14 ex diputados de la LIII Legislatura.
Dicha información se desprende de la resolución del juicio de amparo 1203/2019-III que perdió la ex diputada Hortencia Figueroa y que promovió  en contra del auto de vinculación a proceso que determinó  la Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en Morelos, dentro de la causa penal JC/323/2019, por el delito de peculado en agravio del Congreso.
El juez sexto de Distrito rechazó amparar y proteger a la ex diputada perredista, pues consideró que no hubo agravio en la resolución de la juez de control del pasado 9 de julio.
Al entrar al fondo de la demanda, el juez federal señaló que existen pruebas suficientes que acreditan la probable responsabilidad de Figueroa Peralta por el delito de peculado.
Tales elementos probatorios se desprenden de la información que aportaron los actuales integrantes de la LIV Legislatura en la denuncia que promovieron, en septiembre de 2018, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) como las copias de los cheques que la ex presidenta de la Mesa Directiva expidió a su nombre y el de 14 ex legisladores más por un monto total de nueve millones 856 mil 787 pesos.
El presunto desvío de recursos lo habría cometido la ex diputada en el periodo que va de agosto del 2017 a agosto de 2018, lapso en el que incumplió con el pago de las retenciones y de las cuotas obrero patronales ante el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del estado de Morelos.
Por tal razón, Figueroa Peralta continuará sujeta al proceso penal al que fue vinculada el pasado 9 de julio.

 

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Diferencias entre diputados tienen detenida la actividad legislativa.

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Alcaldes planean cobrar más por recolección de basura, panteones, licencias de construcción y licencia de funcionamiento comercial, entre otros conceptos; también pretenden aumentar el predial e ISABI.

Con incrementos en una larga lista de derechos y  servicios municipales, así como en los impuestos Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI) y predial, los alcaldes pretenden recuperar el 25 por ciento de los ingresos que hasta este 2019 registraban sus municipios con el cobro del impuesto adicional.
En la propuesta de la reforma hacendaria que presentaron los ediles el pasado 19 de noviembre al Congreso del estado, se plantean aumentos porcentuales en los siguientes servicios y derechos: recolección de basura, panteones, licencias de construcción, licencia de funcionamiento comercial, de uso de suelo, permisos para la colocación de anuncios comerciales, derechos de protección civil,  fomento y control sanitario, explotación de aparatos de sonido y derechos de inspección al padrón de peritos.
Así mismo, se propone una nueva fórmula para calcular el cobro del impuesto predial, con una variación a la alza mayor a los dos puntos porcentuales. Dicho cálculo se aplicaría para los 36 municipios del estado.
Los ediles también pretenden aumentar el monto que se aplica por el Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI).
La propuesta ya es analizada en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso. Sin embargo, es de destacar que no fue firmada por los 36 ediles del estado, sino sólo por 28 de ellos, pese a que fue discutida con el respaldo del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm).
Los alcaldes que no firmaron la propuesta son: Ramiro Iturbe Parra de Amacuzac; Félix Sánchez Espinoza, de Axochiapan; Rafael Reyes Reyes de Jiutepec; Israel González López de Tetela del Volcán; Agustín Alonso Mendoza, de Yautepec; Norberto Zamorano de Coatetelco; y José Enríquez Pérez, concejal de Hueyapan.
Hasta octubre pasado, los ayuntamientos estaban facultados para cobrar el “impuesto adicional” sobre los impuestos y derechos municipales, que garantizaba el 25 por ciento de sus ingresos, pero  la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo declaró inconstitucional. Con la propuesta que se expuso anteriormente, los ediles buscan evitar la falta de dichos recursos financieros.

 

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Miembros de la Mesa para la Gobernabilidad en el estado de Morelos -integrada por dirigentes partidistas, legisladores y el Poder Ejecutivo- analizan una reforma política que considera una redistritación electoral a nivel local y con ello una posible ampliación en el número de diputados en el Congreso de la entidad.

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Martínez Terrazas, dio a conocer en entrevista que lo que pretenden es echar abajo la reforma política aprobada por la legislatura pasada.

Desde su punto de vista, con esa modificación electoral no hay una representación total geográfica en los distritos electorales, por lo que han propuesto que se haga un análisis social, político, geográfico y estadístico para replantear los distritos locales en la entidad.

Respecto al número de diputados, señaló que la redistritación podría implicar aumentar el número de diputados, pero consideró que esa determinación presupuestalmente no afectará debido a que la actual legislatura, que tiene sólo 20 diputados, sigue operando con el presupuesto que utilizaron los 30 diputados de la legislatura pasada.

Martínez Terrazas señaló que debe haber una austeridad presupuestal real y no sólo de discurso, “porque el hecho que haya menos presupuesto y (los diputados locales) operen con el mismo recurso es incongruente”.

Finalmente informó que el tema ha sido discutido en la mesa y ya se encuentran en el análisis para que esta propuesta se lleve al Congreso del estado para su aprobación, aunque para ello -dijo- deberá de contarse con la mayoría de los legisladores.

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Hay amenaza de nueva toma de las instalaciones del Congreso del estado por parte de pobladores del nuevo municipio.

En el Congreso local está detenido el procedimiento jurídico que resolvería el conflicto por la delimitación territorial entre Hueyapan y Tetela del Volcán.
A 22 días de que los pobladores de Hueyapan acordaran con los diputados locales levantar el plantón que instalaron en el Congreso del estado como presión para resolver los problemas con Tetela del Volcán, los legisladores no han avanzado en el asunto.
Se trata de una controversia territorial entre ambos municipios, que se fundamenta en el artículo 192 de la Ley Orgánica Municipal. Dicho asunto fue turnado a la Junta Política y de Gobierno (JPyG), a pesar que estaba en manos de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso.
Sin embargo, la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en funciones de presidenta dea JPyG, Alejandra Flores Espinoza, informó que aún no han notificado al edil de Tetela del Volcán, Israel González López, como primera acción legal a llevar a cabo en dicho procedimiento.
Flores Espinoza dijo que en los próximos días procederán a notificar al edil, que tendrá 10 días para responder y de no hacer se dará por informado.
El encargado de la Subsecretaría de Gobierno, del Gobierno del Estado, Mauricio Termignoni Apodaca, informó que están al tanto de los avances del Congreso del estado y se le apoyará en el trabajo jurídico.

El Poder Legislativo cuenta con menos de 30 días para resolver la controversia.
Los pobladores de Hueyapan amenazaron, incluso, con volver a tomar las instalaciones del Congreso si no se resolvía el procedimiento legal acordado, ya que la delimitación territorial entre ambos municipios permitirá al nuevo poblado acceder a las participaciones federales.

 

 

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