Cuernavaca, Morelos.- El Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Morelos ordenó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) de la entidad dar cabal cumplimiento al amparo concedido a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), mediante el cual ordenaba la suspensión de la huelga que fue iniciada por los trabajadores administrativos.
La dirigente del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM), Virginia Paz Morales, anunció el sábado que los empleados acordaron suspender la huelga –que iniciaron el jueves 12 de enero– para no afectar a los estudiantes de esa casa de estudios.
Sin embargo, un oficio emitido el 13 de enero por el Juzgado Séptimo de Distrito indica que tras una queja de la UAEM por el incumplimiento del sindicato, el que a pesar de la orden del juez decidió continuar su huelga, se le emplazó a la JLCyA a garantizar el cumplimiento de la misma.
“Requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos para que dentro del improrrogable término de 48 horas contadas a partir de la notificación de este proveído, informe a esta sede judicial sobre el cabal cumplimiento dado a la suspensión provisional decretada mediante proveído de 12 de enero de 2017 en el sentido de que se suspenda el estallamiento a huelga…”, se lee en el documento que fue entregado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
El Juzgado también le pide a la Junta Local que para garantizar el cumplimiento de la orden, haga uso del cúmulo de facultades y atribuciones que las leyes le otorgan.
En un video subido a la cuenta oficial de Facebook del STAUAEM, la líder sindical asegura que sus agremiados desistieron de continuar su huelga mediante una votación en asamblea, en la que acordaron respetar el derecho constitucional de los estudiantes a recibir su educación profesional.
En el video la dirigente no hace referencia a la orden del juzgado.
En el oficio del órgano federal se apercibe a la JLCyA que si no cumple con la orden, será acreedora a una multa equivalente a 50 días conforme al valor de la unidad de medida de actualización.
También advierte que de no acatar el ordenamiento, se empleará la fuerza pública para hacerlo cumplir.
Un día después de que el juzgado emitió este oficio, dentro del plazo de 48 horas, el sindicato liberó las instalaciones universitarias y dio por concluida su huelga.