El Congreso del estado creó una nueva Ley de Protección Civil del Estado, en la que se establecieron nuevas normas para prevenir desastres naturales o provocados por el hombre. Así mismo, se incluyeron normas coercitivas para sancionar a las autoridades o empresas responsables de hechos de riesgo, a través de la Coordinación de Protección Civil.

Los legisladores locales aprobaron ayer -en la última sesión ordinaria del año-, la creación del nuevo ordenamiento, integrado por más de 200 artículos y abrogaron la ley que en la materia existía.

Previo a la aprobación de la ley, la legisladora perredista Hortencia Figueroa Peralta afirmó que hoy más que nunca se tienen que tomar acciones de prevención, pues con la contingencia provocada por el sismo del 19 de septiembre, quedó demostrado que Morelos no está preparado para ese tipo de desastres.

Por lo anterior, en la ley se incluyeron nuevas responsabilidades de las instituciones públicas y privadas en materia de protección civil, tal como realizar simulacros seis veces al año.

Sin embargo, dentro de las nuevas normas establecidas en la ley aprobada, se incluyó obligar a los ayuntamientos a establecer nuevos reglamentos de construcción para prevenir desastres.

Asimismo, se determinó aplicar medidas coercitivas en contra de las autoridades o particulares cuando se confirme su responsabilidad en hechos de riesgo, ya sea en la construcción de proyectos de infraestructura o bien en la autorización de proyectos privados.

"Se fortalecen las facultades de la coordinación estatal de Protección Civil, se establecen claramente los requisitos para el trámite de opinión favorable, se adicionan los requisitos que deberá contener el dictamen del peritaje técnico estructural de inmuebles en caso de presentarse un sismo... se establecen los ordenamientos de alerta temprana", explicó la legisladora Figueroa Peralta.

La nueva Ley de Protección Civil se armonizó a la legislación federal en la materia, como es el dotar de facultades a la Coordinación de Protección Civil hacerse de recursos propios, mediante la aplicación de multas, en contra de los entes, personas físicas o morales que hayan incurrido en alguna irresponsabilidad que ponga en riesgo a la ciudadanía.