Sábado, 22 Febrero 2020 05:27

Diálogo con el legislativo

Antonio Villalobos Adán, alcalde de Cuernavaca, asistió al Congreso del estado de Morelos, junto con sus homólogos, para reunirse con los diputados para dialogar acerca de temas importantes para la buena marcha del ayuntamiento.

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Los alcaldes podrán presentar propuesta de adecuaciones en el cobro de derechos partiendo de lo que establece su Ley de Ingresos vigente de 2019.

Diputadas y diputados del Congreso del Estado, encabezados por el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, así como alcaldes y representantes municipales de 25 Ayuntamientos hicieron un pronunciamiento conjunto para anunciar el acuerdo político a través del cual los ediles podrán realizar ajustes a los valores de las Unidades de Medida y Actualización (UMA) en el cobro de derechos municipales, en tanto que los legisladores aceptaron analizar y discutir dichas propuestas para su posible aprobación.  

Tras una reunión sostenida en el Salón de Comisiones del Congreso, las y los diputados Alfonso de Jesús Sotelo, Rosalina Mazari Espín, Javier García Chávez, Ariadna Barrera Vázquez, Dalila Morales Sandoval, Andrés Duque Tinoco, Keila Figueroa Evaristo, Blanca Nieves Sánchez Arano, Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, Elsa Delia Figueroa Solórzano y Maricela Jiménez Armendáriz, plantearon a los ediles y representantes la “ruta jurídica” adecuada para sacar adelante la modificación de sus Leyes de Ingresos 2019.

El acuerdo, detallaron, será “no volver a votar las Leyes de Ingresos que ya fueron objeto de análisis”, sino modificarlas para no caer en un acto de inconstitucionalidad.

Los presidentes municipales aceptaron remitir a los diputados dichas propuestas de adecuación a sus catálogos de cobro de derechos, con un incremento del 15 por ciento, que no vulneraría la economía de las familias morelenses y permitirá a los alcaldes enfrentar la crisis de recaudación que les generó la invalidación del cobro del Impuesto Adicional.

De primera instancia, los legisladores anunciaron que el próximo lunes instalarán una mesa técnica para brindar la asesoría necesaria a los Ayuntamientos y comenzar a analizar las propuestas que envíen los ediles.

En su oportunidad, hicieron uso de la voz Antonio Villalobos Adán, Adrián Cázares González, Sergio Omar Livera Chavarría y Agustín Alonso Gutiérrez, alcaldes de Cuernavaca, Zacualpan de Amilpas, Totolapan y Yautepec, respectivamente, quienes a nombre de todos los munícipes, manifestaron su intención de trabajar y cerrar filas para que le vaya bien a sus municipios y a la entidad.  

 

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Modificarán los documentos de 2019, que están vigentes.

El Congreso del estado sí autorizará un ajuste Al alza de al menos el 15 por ciento en las leyes de Ingresos 2019 de 32 municipios del estado.
Este viernes finalmente se concretó en el Congreso local la mesa de trabajo entre diputados y alcaldes.

Derivado de este encuentro se acordó que la próxima semana se fijarán las bases jurídicas para que el Pleno legislativo apruebe las reformas a las leyes de Ingresos municipales vigentes correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
Al término de la reunión, el diputado morenista Javier García Chávez explicó que se acordó avanzar en una ruta jurídica que permitirá a los municipios obtener más ingresos para este año, tras la anulación del Impuesto Adicional, cuyo cobro garantizaba recursos por cerca de mil millones de pesos a los ayuntamientos.
El legislador aseguró que hay coincidencias entre la mayoría de los diputados para que se autorice un ajuste al alza del 15 por ciento en el cobro de derechos municipales.
"Encontramos una ruta jurídica que nos permite resolver las leyes de Ingresos de los municipios, para eso la próxima semana tendremos una mesa técnica que afine el procedimiento, a fin de que la próxima semana ya tengamos en el Congreso los instrumentos técnicos, administrativos y constitucionales respectivos. Hemos reafirmado que no se genera ningún aumento en impuestos en absolutamente nada, se mantendrán las leyes de Ingresos con un ajustes del 15 por ciento", agregó.
En la reunión, además de los 10 diputados que han manifestado su respaldo a los ediles del grupo mayoritario en el Congreso (G-13) y que fue que encabezada por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, también participaron legisladoras del G-7, que originalmente había rechazado respaldar a los alcaldes.

 

 

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Asegura diputada que se reformarán las leyes de 2019, que siguen vigentes, para establecer un ajuste al alza del 15 por ciento.

El Congreso del estado podría aprobar antes de marzo las reformas a las leyes de Ingresos de 32 municipios, vigentes desde el 2019, que establecerían un ajuste del 15 por ciento en el cobro de derechos.
La diputada morenista Ariadna Barrera Vázquez refirió que, finalmente, este viernes se concretará  la reunión con alcaldes y las autoridades del Poder Ejecutivo, a fin de establecer una vía para apoyar a los municipios en sus finanzas.
La legisladora refirió que es urgente que el Congreso del estado apruebe las reformas a las leyes de Ingresos municipales para aplicar un ajuste a la alza del 15 por ciento en el cobro de derechos municipales.
Aseguró que tal aumento no puede ser mayor a ese porcentaje, pese a que los ediles han hecho un nuevo planteamiento para que se aplique un 20 por ciento sobre los montos por concepto de derechos.
De igual forma, Barrera Vázquez hizo un llamado a que los presidentes municipales que hayan sido presionados por diputados o legisladoras locales para asignar "moches" a cambio de la aprobación de las reformas a las leyes de Ingresos municipales denuncien.
"Estamos confiados en que haya los consensos, esperemos que en esta ocasión voten las diputadas que no estuvieron presentes en la sesión en las que fueron rechazadas las leyes de Ingresos (para el 2020)", añadió la diputada morenista.

 

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Entrega Congreso del Estado Presea “General Emiliano Zapata Salazar” a migrantes destacados.

“Los migrantes merecen ser reconocidos, porque no es tarea fácil dejar familia, tierra, y amigos en busca de una mejor calidad de vida”, afirmó el diputado Andrés Duque Tinoco, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad del Congreso del Estado, en el marco de la entrega de la Presea “General Emiliano Zapata Salazar”, entregada a migrantes morelenses destacados.

Cabe mencionar que la presea, instituida para conmemorar el Día del Migrante Morelense y su Familia, se entrega de manera conjunta por el Poder Legislativo, a través de dicha Comisión, y la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, encabezada por Gilberto Alcalá Pineda, a través de la Dirección General de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables.

En esta ocasión, los galardonados fueron los migrantes morelenses Alfonso Seiva García, en la Categoría de Mérito Humanitario y Altruista; Victorino Torres Nava, en Mérito Cultural y Educativo; Pablo Antonio Castro Zavala, en Mérito Empresarial y Comercial; y Erika Portillo Mercado, en Mérito Comunitario.

 

 

 

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Pese a Alerta de Violencia de Género, el fenómeno está latente, admite la diputada.

La coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, sostuvo que es necesario revisar el trabajo de las autoridades en todos los niveles de gobierno, por su responsabilidad en el combate a los feminicidios.
Ante la alta incidencia de este delito a nivel nacional, la legisladora consideró que se deben revisar las políticas públicas que se aplican para atender el tema en Morelos y afirmó que el primer informe del gobierno estatal servirá para realizar dicho trabajo por parte del Congreso del estado y hacer las recomendaciones correspondientes.
La legisladora apuntó que pese a la aplicación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en ocho municipios de la entidad, el problema se ha agravado.
De acuerdo con información de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) el 2019 fue el más violento para las mujeres.
Al respecto, la legisladora panista refirió que desde las autoridades municipales hasta las encargadas de la procuración e impartición de justicia han cometido fallas que han impedido combatir de fondo el delito.
Morales Sandoval señaló que más allá de medidas punitivas, como la condena de 60 años que se establece por el delito de feminicidio en Morelos, insistió en que se deben aplicar medidas preventivas.
"Tenemos que estar revisando el informe, tenemos que revisar todas las vertientes porque es toda una cadena este proceso, lo tenemos que hacer y en su momento, con la glosa, nos va a permitir esta situación, independientemente que podamos hacer expresiones específicas y sobre todo presentar propuestas específicas en el tema preventivo y no correctivo, que eso es lo más grave, estamos generando condiciones correctivas", declaró.

 

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Los secretarios de despacho comparecerán ante el Pleno del Congreso el próximo mes.

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La diputada afirma que hay fallas en el desempeño de Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez; el Congreso analiza iniciar un nuevo proceso de remoción, señala.

Por presuntamente dar protección a ex funcionarios del gobierno de Graco Ramírez, el Congreso del estado evaluará la permanencia del fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara y del fiscal anticorrupción Juan Salazar Núñez.
A más de un año del inicio de la LIV Legislatura, los diputados locales analizan iniciar un nuevo proceso de remoción en contra de los llamados "fiscales carnales", ante la falta de resultados en su trabajo, principalmente en las investigaciones iniciadas por presuntos actos de corrupción en la pasada administración estatal.
La diputada priista Rosalina Mazari Espín sostuvo que está claro que el fiscal general y Juan Salazar Núñez no han cumplido con su evaluación, por lo que el Congreso debe hacer uso de sus facultades e iniciar un proceso para su destitución.
"Nada más ahí están, pero no dan resultados. Tienen un encubrimiento a los servidores públicos del anterior gobierno, entonces esos son los que se deben de ir y esos sí les toca al Congreso" aseveró la legisladora local.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, refirió que después de un año de gestión estatal, es momento de evaluar el desempeño de los fiscales, por lo que sólo esperarán a las comparecencias de Uriel Carmona Gándara y de Juan Salazar Núñez para que los diputados tomen una determinación sobre dichos nombramientos.
"Nosotros esperamos como legislatura que se le dé celeridad a las carpetas de investigación que iniciamos con motivo de lo que encontramos de la anterior legislatura y es lo que esperamos, que haya resultados", apuntó el diputado local.
En diciembre del 2018 los integrantes de la LIV Legislatura iniciaron un proceso de remoción en contra del fiscal general y el fiscal anticorrupción, a solicitud del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, ya que los funcionarios no habrían cumplido con los exámenes de control de confianza para su nombramiento. Sin embargo, los funcionarios se ampararon y, finalmente, el Congreso mandó a la "congeladora" el caso.
Uriel Carmona Gándara fue nombrado fiscal general del estado por nueve años, durante la LIII Legislatura, en febrero del 2018. En agosto de ese mismo año, Juan Salazar Núñez también fue designado fiscal por un periodo de siete años por los mismos diputados.

 

 

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Miércoles, 19 Febrero 2020 05:19

Confirman auditorías para municipios

Desmienten aumento de hasta 20 por ciento en derechos municipales; el viernes buscan formalizar el rescate financiero de los ayuntamientos.

Los ayuntamientos del estado serán revisados por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) como parte de las negociaciones que los alcaldes iniciaron con el Congreso local para impulsar un rescate financiero a favor de los municipios.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, aseguró que no se trata de ninguna consigna ni de una "persecución política", sino de que los ediles garanticen una transparencia en el uso de los recursos públicos, ya que han buscado el apoyo del Congreso local para tener más ingresos en este 2020.
El legislador local aseguró que existe toda la disposición del Congreso y del Poder Ejecutivo de apoyar a los gobiernos municipales. Sin embargo, insistió en que también debe haber apertura por parte de los ediles.
"La intención es que no sea una consigna o una situación en particular, sino que tiene que ser una cultura dentro de la política en Morelos. Vamos a establecer los mecanismos para que no se piense que es una persecución. Sí, nosotros como diputados estamos poniendo el ejemplo. Si el gobernador ya dio su informe, creo que los demás funcionarios (deben hacerlo) con mucha más razón", afirmó el presidente de la Mesa Directiva.
Sotelo Martínez refirió que el acuerdo para aumentar un 15 por ciento el cobro de derechos municipales se mantiene a favor, no así el de un 20 por ciento, como se ha informado que ahora es la intención de los alcaldes.
"Lo que nosotros acordamos con los alcaldes fue que sería el 15 por ciento, eso es lo que unificó a por lo menos 10 diputados y lo que vamos a comentar, que cada alcalde pueda generar los consensos con los diputados", añadió.
Por ello, apuntó que el próximo viernes se concretará, finalmente, la mesa de trabajo con alcaldes y las autoridades del gobierno del estado.

     

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Congreso aguarda resolución de la Suprema Corte.

Tras la resolución judicial que favoreció al magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Norberto Calderón Ocampo para que el Congreso del estado garantice su ratificación al cargo por 20 años, el diputado José Luis Galindo Cortez, aseguró que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que resolverá a favor de terminar con los abusos en el Poder Judicial.
El diputado pesedista afirmó que el caso del magistrado Norberto Calderón no fija ningún precedente, pues la Corte analiza de fondo el tema, luego del decreto que aprobó el Congreso para anular la permanencia por 20 años de los magistrados del Poder Judicial.
Apuntó que sólo es cuestión de tiempo para que el máximo tribunal del país resuelva el caso que propició la LIII Legislatura, cuando autorizó ratificar a los actuales es magistrados por 20 años, cuando la Constitución Política del Estado señala que el período máximo es de 14 años.
"En cuanto resuelva el acto de no constitucionalidad la Suprema Corte en relación a los 20, en automático queda sin efectos este amparo. Es así de sencillo, y no deja ningún precedente", explicó Galindo Cortez, quien impulsó el acuerdo para anular la disposición que garantizaba la permanencia por 20 años en el cargo de los magistrados.
Se espera que esta semana, el Pleno del Congreso del Estado emita un acuerdo para garantizar el derecho del magistrado Norberto Calderón a su ratificación por 20 años, en cumplimiento a una resolución judicial.

  

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