Encabezados por su alcalde, aseguran que no reciben el dinero necesario para operar.

Habitantes y trabajadores del municipio indígena de Xoxocotla se manifestaron pacíficamente este lunes en el palacio de gobierno para demandar la entrega de recursos económicos para posibilitar la prestación de servicios.

Los inconformes, entre quienes estaban el presidente del concejo municipal indígena Leonel Zeferino Díaz, empleados, policías, personal que realiza el servicio de limpia, así como vecinos del lugar, demandaron audiencia con autoridades estatales.

Expresaron su preocupación por que consideran que les han descontado injustificadamente muchos recursos económicos, conforme al monto económico que se les habían asignado oficialmente.

Dijeron que hay muchas necesidades, como el pago de personal y la sustitución de infraestructura del sistema de agua potable, que podrían generar problemas más graves y descontento social.

Zeferino Díaz reconoció que el gobierno estatal les ha apoyado, pero manifestó que no es suficiente y no se les ha asignado el cien por ciento de los recursos que se presupuestaron. Comentó que recibirían un millón 300 mil pesos además de los recursos de obras públicas y de seguridad pública, a los cuales no han podido acceder.

Emilio Sánchez Ramírez, tesorero del consejo municipal de Xoxocotla, aseguró que han cumplido con todos los requisitos que marca la norma para el período de transición a Ayuntamiento y sólo les resta una clave del Inegi para obtener fondos federales.

Expuso que se les entregaron recursos para el primer semestre, pero de enero a junio no han tenido un presupuesto como tal.

Argumentó que, conforme a la norma, se publicó el presupuesto del municipio de Puente de Itxtla del que se independizó Xoxocotla, pero les preocupa que sólo les darán un porcentaje en el segundo semestre, lo que les colocaría en una situación imposible de sostener.

 

 

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Martes, 16 Julio 2019 05:10

Impulsarán ley para proteger árboles

Morelos es el segundo estado en el país con el mayor deterioro de su medio ambiente, aseguran organizaciones.

Ambientalistas plantearon la propuesta de Ley para la Protección, Conservación y Podas Adecuadas para los Arboles y Bosques Urbanos del Estado de Morelos, con el fin de abatir el daño ecológico causado en el estado. 
Acompañados de la diputada panista Dalila Morales Sandoval -quien será la impulsora de la iniciativa- los activistas expusieron ante el Congreso local que Morelos es el segundo estado -después de Tabasco- con el mayor deterioro de su medio ambiente, por lo que es urgente emprender acciones para su conservación. 
Flora Guerrero Goff, representante de la asociación Guardianes de los Árboles, dijo que dicha ley garantizará la protección de la vegetación urbana, "dada la fuerte laceración que en últimas fechas se ha realizado en perjuicio del medio ambiente, a los árboles de nuestra ciudad". 
La diputada Dalila Morales Sandoval, como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local, dijo que esa propuesta es para legislar sobre las acciones que se requieren llevar a cabo para atender el grave problema de la tala de árboles y para impulsar la reforestación, ya que las consecuencias de la poda de árboles es alarmante. 
"Al no reponerse esos árboles, se genera más dióxido de carbono (CO2) de lo que mediante los mismos pudiera convertirse en oxígeno para los seres humanos, por eso la preocupación de hacer una reglamentación estatal que norme y diga cómo cuidar, y quienes no estén dentro de este reglamento tendrán que enfrentar sanciones”
De igual forma, la diputada, junto con el tenor David Páez, anunciaron el concierto "Voces Unidas a favor del Medio Ambiente", que se llevará a cabo en el parque Chapultepec el próximo 28 de julio. La recaudación se donará para emprender acciones de conservación del medio ambiente.

  

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Una nueva fractura al interior del Congreso del Estado evitó que se concretara la designación del favorito para ser el titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF). 
Durante la sesión ordinaria de ayer, la dispersión de los votos de los legisladores obligó a que el dictamen emitido por la Comisión Calificadora, que se encargó de llevar a cabo el proceso de designación del auditor estatal -y que está integrada por las coordinadoras del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez Ruiz, del Partido Encuentro Social (PES), Maricela Jiménez Armendáriz, y por Keila Figueroa Evaristo, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)- se votara en dos ocasiones sin que se concretaran los 14 votos que como mínimo se requerían para la designación. 
El dictamen incluyó como propuesta para la votación del pleno a los 29 aspirantes que habrían cumplido con el perfil para dicho nombramiento.
En la primera votación, Miguel Ángel Romano Fuentes, de quien se dijo que contaba con el respaldo de la mayoría en el Congreso local, sólo obtuvo 10 votos de los legisladores. 

Inmediatamente, el presidente de la Mesa Directiva Alfonso de Jesús Sotelo Martínez convocó a un receso en la sesión ordinaria, que se decretó cerca de las 8:30 de la noche.
Dos horas después, los 20 legisladores regresaron al Pleno y el dictamen se sometió a votación por segunda ocasión. Romano Fuentes quedó a un sólo voto de ser designado como auditor estatal, al haber logrado el apoyo de 13 legisladores, mientras que cinco decidieron anular su voto. 
Ante tal resultado, el presidente de la Mesa Directiva determinó regresar el dictamen a la Comisión Calificadora, para la integración de una nueva propuesta, que podría presentarse en un período extraordinario de sesiones, para el próximo mes de agosto.
Durante la votación para la aprobación en lo general del dictamen de la Comisión Calificadora, la fractura que existe al interior del Congreso del Estado quedó evidenciada. 

Mientras que Morena no logró el voto de sus cinco integrantes, tres legisladores más se abstuvieron -la panista Dalila Morales Sandoval, el morenista Marcos Zapotitla y la perredista Rosalinda Rodríguez Tinoco-.
Tal división advierte una nueva pugna por la renovación de la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno que se concretaría en un período extraordinario de sesiones para el mes de agosto próximo. 
Posterior a dicha asunto, los legisladores votaron las declaratorias de validez de las cuentas públicas 2016 y 2017 de los ayuntamientos de Cuernavaca y Jojutla, asunto que se entrampó en una discusión entre los presidentes de la Junta Política y de Gobierno y de la Mesa Directiva, Tania Valentina Rodríguez Ruiz y Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, por la legalidad de dichos dictámenes.
Más tarde, los diputados locales clausuraron el segundo período ordinario de sesiones de la LIV Legislatura  y declararon un receso legislativo, para lo cual se instaló la Diputación Permanente.

 

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Lunes, 15 Julio 2019 05:14

Hoy nombrarán al titular de la ESAF

La designación de comisionado del IMIPE será hasta agosto.

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Trabajadores del Congreso local pidieron que al exdiputado Francisco Moreno Merino se le procese “por los 180 millones que desvió” y no solo por los 23 millones que le atribuye la fiscalía anticorrupción, cuyo titular dio a conocer el viernes que persigue al actual delegado del PRI en Quintana Roo.

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La diputada petista dice que se opone a que se adquieran unidades para uso de sus homólogos.

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Fueron aprobadas de manera irregular por la anterior legislatura para beneficiar a familiares y colaboradores cercanos de exdiputados.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” entró en vigor la abrogación de otro bloque de “pensiones doradas”, que fueron aprobadas de manera irregular por la anterior legislatura para beneficiar a familiares y colaboradores cercanos de ex diputados a pesar de no cumplir con los requisitos legales.

En esta ocasión fueron abrogados 11 decretos pensionarios por jubilación y cesantía en edad avanzada, en los que los beneficiarios no cumplieron con los trámites legislativos, con los años  de trabajo previstos en la Ley del Servicio Civil y hasta habrían incurrido en la posible comisión de delitos.

Las pensiones abrogadas corresponden a Severino Báez Márquez, quien fungió como auxiliar administrativo de la ex diputada Beatriz Vicera Alatriste, quien también enfrenta un proceso penal por presunto peculado; Gilberto García Díaz, ex gestor del ex diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero; Karina Arteaga Gutiérrez, ex directora del Recursos Humanos del Congreso de Morelos; Froylán Figueroa Espinosa, ex asesor del ex diputado Efraín Esaú Mondragón Corrales; Eugenia Andrade Cortés, ex auxiliar administrativo de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social; Yissy Griselda Toledo Gargallo, ex asesora de la ex diputada Silvia Irra Marín; y Juan Bobadilla Cuenca, ex auxiliar del ex diputado Julio Espín Navarrete.

También fue abrogado el decreto pensionario de Helena Marín Sánchez, esposa del ex diputado José Tablas Pimentel Siendo, quien la incluyó en la nómina legislativa como secretaria técnica.

Otros de los decretos abrogados fueron los de Rocío Flores Reynoso, ex trabajadora de la fiscalía general del estado; José Zavaleta Castro, ex Policía de Investigación Criminal; y Miguel Arellano Rivera, ex custodio.

Al igual que en el primer bloque de 24 decretos abrogados en el mes de abril, en esta ocasión también el Congreso del Estado ordenó a su área jurídica iniciar los procedimientos administrativos y las denuncias penales que sean necesarias, en contra del servidor público que solicitó el trámite de Jubilación, así como en contra del o los ex servidores públicos, servidores públicos en activo, presidentes municipales, secretarios municipales, directores o directores generales de recursos humanos, oficial mayor, y de cualquier otro funcionario que hayan expedidos los documentos de manera irregular o ilegal.

Hasta el momento, han sido abrogados 35 de los 70 decretos pensionarios aprobados por la anterior legislatura y que fueron sujetos a revisión por los actuales diputados ante la sospechas de irregularidades.

 

 

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Viernes, 12 Julio 2019 05:13

Los diputados adquirirán 23 vehículos

El gasto será de más de siete millones de pesos.

A días de concluir el primer año de la LIV Legislatura, los diputados locales se autorizaron la compra de 23 vehículos último modelo, lo que significa un gasto de más de siete millones de pesos.
El acuerdo fue tomado el pasado miércoles 10 de julio por las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, a fin de que en los siguientes días se adquieran los automóviles mediante un proceso de licitación. 
En entrevista, Sotelo Martínez confirmó el acuerdo y aseguró que los vehículos se adquirirán para uso institucional.
"No es una adquisición personal pero si serán de uso institucional, no de los diputados pero si de las actividades propias de las comisiones", manifestó. 
Dijo que era necesaria la adquisición de automóviles, luego que los ex diputados decidieron autovenderse los vehículos que se adquirieron con recursos del Congreso local. 
Por ello, recordó, el año pasado la LIV Legislatura presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) que aún no ha dado resultados. 
Sotelo Martínez también confirmó la compra de equipo de cómputo que, dijo, es necesario para el trabajo del Congreso.

 

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Se registraron en la convocatoria como aspirantes a comisionado de dicho órgano.

En el proceso de designación de un nuevo comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) existe un nuevo conflicto de interés, ya que varios colaboradores de los actuales diputados se registraron en la convocatoria como aspirantes a dicho cargo. 
De acuerdo con el registro de la Junta Política y de Gobierno, 20 ciudadanos participan en el proceso de designación; sin embargo, algunos ya han sido cuestionados por su cercanía con los actuales legisladores. 
El Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" señaló la cercanía de dichos aspirantes con los diputados y cuestionó la falta de transparencia del Congreso, al no hacer públicos sus perfiles. 
De acuerdo con el Centro de Investigación, los aspirantes que tendrían conflicto de interés son: Alberto Salgado Pérez,  quien funge como coordinador del Comité de Transparencia del Congreso de Morelos. Además, se desempeñó como director de licencias de funcionamiento y Asesor jurídico del diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Mesa Directiva. 
Ramón Rosales Juárez, quien es padre del actual secretario Técnico de la Comisión de Igualdad de Género, Jesús Rosales Puebla, órgano que preside la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Celene Figueroa Evaristo. 
Hugo Omar Aranda Nava se desempeña actualmente como secretario técnico de la Comisión de Desarrollo y Conflictos Agrarios que preside el diputado Andrés Duque Tinoco. También fue Director de Licencias de funcionamiento en la administración del ahora diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez. 
Otros perfiles fueron señalados por Morelos Rinde Cuentas por mal desempeño en los cargos que han representado, como Francisco Miguel Yáñez Sánchez, quien fue titular del Órgano Interno de Control del IMIPE y se negó a atender solicitudes de información del centro de investigación. 
Esteban Muñoz Insausti, encargado de despacho de  la Dirección  de Estadística y Encuestas del IMIPE, así como Ulises Patricio Abarca, quien dirige la ponencia de la Comisionada Mireya Arteaga Dirzo del IMIPE. 
En la lista de aspirantes también aparece Claudia Mariana Aponte Maysse,  ex procuradora del Estado. 
Hertino Avilés Albavera tomó protesta como secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral (CEE) del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y fue magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 
Oscar Miguel Puig Hernández, fundador del COBAEM, fue integrante de la dirigencia del PRI y aspirante a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM). 
Jaime Castera Moreno es un abogado que también buscó ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). 
Jorge Morante Román, ex Director Jurídico del Municipio de Amacuzac 2016-2018 en la presidencia de Jorge Miranda Gallegos. 
Leonora Valentina Jiménez Franco era responsable del Fideicomiso de Apoyo y Asistencia a Víctimas del Estado y fue coordinadora de la Comisión de Selección para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos.
De acuerdo con los diputados locales, se espera que el próximo lunes se concrete dicho nombramiento, aunque también podría postergarse para el período extraordinario que se abrirá el 19 de agosto próximo. 

 

 

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Sin acuerdos para elegir a los próximos titulares de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno.

Los diputados locales abrirán un período extraordinario de sesiones para el próximo 19 de agosto, a fin de concretar la renovación de las presidencias de la Mesa Directiva y de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado.
La falta de acuerdos entre las tres fuerzas de mayoría en el Congreso -Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES)- obligaron a que los cambios en los órganos de control se postergaran, explicó el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.
Dijo que hasta el momento los 20 legisladores están en igualdad de circunstancias para ocupar cualquiera de las dos posiciones, de ahí que se acordó postergar la renovación de las presidencias.
Por su lado, la diputada priista Rosalina Mazari Espín refirió que el acuerdo de abrir un período extraordinario de sesiones se tomó con la finalidad de no afectar los acuerdos que se darán en los próximos días para nombrar al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y de un comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
De igual forma, dijo que se busca desahogar más de 15 dictámenes de ley y reformas de ley, por lo que los asuntos políticos se postergaron para un período extraordinario de sesiones.

 

Remueven de Mesa Directiva a Marcos Zapotitla
El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) concretó su primer cambio en la Mesa Directiva, a unos días de que concluya el primer año de la LIV Legislatura, pues logró que el Pleno removiera a Marcos Zapotitla Becerro como primer secretario y colocó en su lugar a Ariadna Barrera Vázquez. 
Durante la sesión ordinaria de este jueves, la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo propuso incluir de último minuto un acuerdo para remover a Zapotitla Becerro, a quien acusó de haber violado en reiteradas ocasiones la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
La diputada expuso que su homólogo ha registrado más de 15 faltas de septiembre del año pasado a la fecha; incumplió con su obligación como secretario de la Mesa, al negarse a firmar puntos y dictámenes aprobados por el Pleno, y lo  señaló de haber ejercido violencia en contra de los diputados a los que en tribuna calificó de analfabetas.
Con 15 votos a favor, Morena logró remover a quien aún es militante de dicho partido pero que durante la legislatura ha fungido como oposición. 
Con ello Morena, Partido Encuentro Social (PES) y sus aliados del PAN, PRI y Partido Humanista (PH), aunque con la oposición del Partido del Trabajo (PT), PRD y Nueva Alianza (Panal), aseguraron los votos en la Diputación Permanente -que se instalará el 15 de julio- para convocar a un período extraordinario de sesiones el próximo 19 de agosto, cuando se definirá la renovación de la Mesa Directiva y la Junta Política y de Gobierno. 
Tras su cambio, Marcos Zapotitla Becerro manifestó en tribuna que su remoción de la Mesa Directiva era un asunto político y no de legalidad. Reveló que en diciembre del 2018 presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la presión que seis legisladores ejercieron sobre él en noviembre del mismo año para que renunciara a su curul y su lugar lo tomara el suplente, a fin de conformar un bloque de siete legisladores "para, como se ha dicho, poner de rodillas al gobernador, por lo que se pretende extorsionarlo", acusó.
Sostuvo que corresponderá a la Fiscalía investigar si se cometió un delito y castigar a los responsables por la complicidad de ese grupo de legisladores. 
Al retirarse de la Secretaría de la Mesa, Zapotitla Becerro decidió llevarse su silla hasta el lugar de su curul. 

Aprueban nueva ley para el Instituto de la Mujer
En misma sesión ordinaria, los diputados aprobaron la  declaratoria de validez de la reforma al artículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado de Morelos, en materia de participación ciudadana. 
La reforma fue aprobada por 24 municipios de 36 en el estado.
Los legisladores también aprobaron una nueva  Ley del  Instituto de la Mujer para que goce de autonomía constitucional, y cuente con total independencia en el ejercicio de sus atribuciones. 
Durante la misma sesión, los diputados conocieron dos nuevas iniciativas del Gobernador Cuauhtémoc Blanco para crear la Ley de Asociaciones Público Privadas y  una propuesta de decreto para que el Congreso autorice al gobierno estatal firmar un segundo convenio con la empresa Ferrosur.

Los diputados declararon un receso y podrían volver a sesionar hoy o el lunes.

 

 

 

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