Un grupo de jueces y trabajadores judiciales jubilados protestaron frente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ante la suspensión del pago de sus pensiones y aguinaldos. En tanto, el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles ofreció ser mediador y consideró el tema como un antecedente histórico grave, porque nunca la institución había dejado de pagar a sus jubilados.
La juez en retiro Mariela González Gómez explicó que desde el inicio de la administración de Carmen Cuevas López como magistrada presidenta del TSJ se promovieron decenas de controversias constitucionales contra los decretos de jubilación de trabajadores judiciales, con el argumento de que no existía una partida presupuestal asignada para el pago de las pensiones.
Señaló que las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron varias de estas controversias, pero con criterios encontrados.
Mientras una sala validó los decretos jubilatorios y ordenó al Congreso etiquetar recursos para el pago de las pensiones, otra sala dejó sin efectos los decretos y ordenó no sólo que se vuelvan presentar y tramitar ante el Congreso las solicitudes de retiro, sino que condiciona su aprobación a que los tres poderes del estado especifiquen quién las absorberá, de dónde provendrán los recursos y etiquetarlos para el fin específico.
Derivado de estas resoluciones, más de un centenar de jubilados resultaron afectados, ya que el TSJ, a través del Consejo de la Judicatura, suspendió el pago de las pensiones y del aguinaldo.
González Gómez consideró que esta situación, que hoy priva de ingresos en estas fechas navideñas a un número significativo de trabajadores judiciales en retiro, obedece a la falta voluntad de los tres poderes para implementar los mecanismos de solución.
Indicó que el viernes pasado, durante la sesión de Pleno, se solicitó una audiencia a la representante del Poder Judicial para tratar el tema, pero no hubo respuesta y esta fue la razón por la que los jubilados recurrieron a la protesta.
“Lo único que estamos solicitando a la presidenta del tribunal es que sea sensible, que creo que son muchos años trabajados, que varios de los compañeros son cabeza de familia, que ahorita en estas épocas precisamente ya tenemos compromisos con antelación y el hecho de dejarnos sin el dinero que por ley nos corresponde es violatorio de nuestros derechos humanos”, destacó.
Desde agosto de 2016 a la fecha, en nombre del Poder Judicial la magistrada presidenta Cuevas López ha promovido casi 200 controversias constitucionales en contra de los decretos pensionarios de funcionarios y empleados judiciales.
Tras las protestas, el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles ofreció servir como mediador, para que los jubilados puedan ser escuchados por el Pleno y se busque una solución.
Lamentó que la magistrada presidenta, sin la opinión y respaldo del Pleno del TSJ como máxima autoridad judicial, haya presentado las controversias constitucionales y que el tema no haya sido compartido con el resto de los magistrados.
Señaló que si bien jurídicamente no estaba obligada a solicitar autorización del Pleno, lo correcto hubiera sido considerar y consultar a sus pares, para buscar una solución al problema que hoy tiene sin ingresos a jueces y empleados judiciales en retiro, a quienes se les violentan su derechos humanos.
Consideró que “no hay voluntad administrativa para solucionar el conflicto, lo que se traduce aparentemente en un desorden presupuestal; lo explico así porque el patrón, el TSJ en calidad de patrón, tiene la obligación de hacer una prevención de cuántas personas se van a jubilar”.
“Entonces no hay ninguna excusa o impedimento para que se pueda programar el pago de jubilados y es muy desafortunado lo que ocurre en el tribunal y es una falta de voluntad para sacar adelante el tema”.
“A título personal, considero que no es correcto no pagar a los trabajadores lo que por derecho les corresponde y es un mal precedente histórico, porque nunca se habían dejado de pagar las pensiones y prestaciones a los jubilados del Poder Judicial”, recalcó.
