La falta de voluntad política del Ejecutivo impidió firmar el convenio tripartita con la SEP para garantizar la viabilidad financiera de la institución, ratifica el rector Gustavo Urquiza.
Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), consideró que la falta de “voluntad política” del gobierno del estado no ha hecho posible garantizar el pago de nómina de los trabajadores y sentar bases para continuar con las negociaciones del rescate financiero de la institución.
A través de un comunicado, el rector Urquiza Beltrán informó que hasta el 24 de septiembre, la UAEM no había recibido ningún recurso extraordinario por parte del gobierno federal ni estatal que permita llevar a cabo el pago de salarios a trabajadores de esta máxima casa de estudios.
“Reitero que desde el inicio de mi administración, se han realizado las gestiones necesarias para alcanzar la viabilidad financiera de la institución. Resultado de ello, la Subsecretaría de Educación Superior (SES) elaboró en colaboración con la UAEM el diagnóstico de la situación financiera de la universidad, en donde se estableció la cantidad de 640 millones de pesos para el pago de salarios hasta el cierre de año de 2018”, señala el documento.
Explica que la SEP propuso un convenio de participación tripartita para dar solución al pago de la nómina universitaria y que el gobierno estatal debería aportar 320 millones de pesos; “sin embargo, este convenio no se formalizó debido a la falta de voluntad política del gobierno estatal con nuestra universidad”.
El rector Urquiza Beltrán pidió a los universitarios mantenerse unidos y pendientes de la información oficial que se dé a conocer en los medios institucionales. “Les ratifico que hasta el momento no contamos con recursos financieros suficientes para el pago de salarios de los trabajadores universitarios. Mantengo mi compromiso con la comunidad universitaria de continuar con las gestiones ante las diferentes instancias”.
De acuerdo con la agenda de trabajo del rector, este día continúan las gestiones ante instancias federales para conseguir recursos extraordinarios que permitan garantizar el pago de nómina y conjurar la huelga en la máxima casa de estudios, para luego establecer mesas de trabajo que deriven en el rescate financiero de la institución.