La magistrada presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Ana Virinia Pérez Güemes y Ocampo, llamó a unir esfuerzos para atender a la población adolescente, ya que no sólo enfrenta un mundo lleno de desigualdad y exclusión, sino que sufren exclusión familiar y abandono.
En el marco de la firma del convenio de colaboración entre el TUJA y el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal (Indepac), destacó que muchos de los menores en conflicto con la ley están solos, abandonados y haciendo frente a la justicia por su responsabilidad en la comisión de una conducta antisocial.
Tras recordar el 50 aniversario de la matanza de estudiantes a manos del Ejército por orden presidencial, Pérez Güemes resaltó que medio siglo después, “no podemos todavía hablar de una democracia plena, en un país en donde un porcentaje importante de la población adolescente sigue careciendo de desigualdades, de exclusión, no sólo en lo social, sino lo que es peor, de la exclusión familiar, y como diría el doctor Kuri, psicólogo de este tribunal, un abandono físico y emocional”.
“En nuestro México sigue pendiente el contar con herramientas efectivas, para lograr la realización de sus derechos elementales, pues de nada sirve que se encuentren previstos en nuestra Constitución, si no se cuenta con los medios idóneos para hacerlos efectivos”.
“A esto nos dedicamos todos los días en este tribunal, a adolescentes que careciendo de todo, enfrentan casi en soledad a un Estado que busca responsabilizarlos de sus conductas, pero también resarcir el daño causado a las víctimas”, señaló.
Sostuvo que para que el sistema funcione, es necesario que los involucrados adquieran conocimiento sobre las causas multifactoriales que inciden para que los adolescentes cometan conductas antisociales, así como su desarrollo cognitivo conductual y las condiciones sociales que influyen.
Destacó que aun cuando la especialidad en justicia para adolescentes es un mandato constitucional, no existe en el país una oferta adecuada de especialización para los profesionales que intervienen en el proceso socioeducativo de los menores en conflicto con la ley.
Ante este deficiencia, señaló que la intención del TUJA de vincularse con instituciones académicas, es compartir la experiencia adquirida en estos 10 años de labor jurisdiccional, a través de la organización de diversas actividades, cursos y diplomados para formar y capacitar no sólo a los impartidores de justicia, secretarios, ministerios públicos, defensores, y centros de ejecución de medidas para adolescentes, sino también a trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos y policías, ya que como operadores del sistema intervienen en las distintas fases.
