En tanto que la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) llamó a las personas afectadas por el sismo que tengan problemas con la tarjeta que les dio el gobierno federal a solicitar orientación, la Asociación de Damnificados por el temblor de septiembre del 2017 aseveró que la reconstrucción en Jojutla tiene un avance real de sólo el 20 por ciento.

Ana Jiménez Bustos, presidenta de la Asociación de Damnificados del Estado de Morelos, aseguró que cuando mucho el 20 por ciento de las viviendas dañadas por el temblor están reconstruidas en Jojutla, y en lo que se refiere a espacios públicos el avance es nulo.

Aseveró que sin interés de las autoridades por apoyar la recuperación de la actividad comercial -que es de las primordiales del municipio- difícilmente la comunidad saldrá adelante en una reconstrucción integral, con empleos para retomar el nivel de vida que tenían las familias afectadas.

Apuntó que se trabajó en la rehabilitación del drenaje y el sistema de aguas pluviales, pero criticó que se diera prioridad a reconstruir la presidencia municipal, así como parte de la alameda, que era un espacio útil, y las necesidades más sentidas están en otros puntos.

Destacó que ni siquiera se ha reconstruido el puente “De los suspiros”, por lo que está limitada la comunicación de la cabecera municipal con otros poblados, de tal manera que demandan a la autoridad actual que se dé prioridad a estos aspectos.

Jiménez Bustos también expuso que para los damnificados es importante que se sigan las investigaciones sobre el manejo de recursos destinados a la reconstrucción tanto a nivel federal como local, porque hubo mucho dinero que se destinó a este rubro, pero que no llegó a las zonas de impacto del temblor.

Recordó que desde el levantamiento del censo de damnificados por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) hubo “pésimos” errores, y la entonces titular Rosario Robles Berlanga aseguraba que se habían aplicado todos los fondos, incluso los de ayuda internacional, cuando en la realidad ni siquiera había comenzado la demolición.

La dirigente -que acudió a la instalación de la comisión legislativa de reconstrucción- llamó a las autoridades federales y estatales y a los legisladores a que llamen a cuentas a los servidores públicos implicados y que regresen el dinero que pertenece a la comunidad. “de nada nos sirve que estén en la cárcel tras las rejas, que regresen el dinero que es del pueblo y creemos que es justo que se rinda cuentas claras”.

Opinó que el censo que se realiza por parte del equipo de transición del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador también tiene fallas porque las personas que realizan esa labor se están “saltando” aquellos casos donde no están las familias en su predio o no las encuentran. Lo anterior les preocupa porque si con base en esos datos se pondrán en marcha más de 20 programas federales de asistencia, se dejará afuera a muchas familias que necesitan esos apoyos.

Dijo que como asociación agrupan a alrededor de 250 familias damnificadas, pero hay otros grupos y esperan que quienes realizan dichos censos tomen en cuenta a todos.

Por separado y en entrevista, Carlos Flores Hernández, encargado de despacho de la Condusef en Morelos, informó que de enero a agosto del 2018 se detectaron cerca de 30 quejas de damnificados de diferentes municipios que recibieron tarjetas por parte del Banco Bansefi y del Fondo Nacional de Desastres, pero cuando trataron de hacer los retiros, no había recursos.

Comentó que en el mismo periodo del año anterior sólo hubo cinco quejas, por lo que es importante que la gente sepa que, si cuenta con tarjeta de Bansefi y no tenía fondos, deben recurrir a esa instancia toda vez que “sí se trata de un problema financiero, no de Fonden, que ya liberó los recursos”.

 El funcionario federal consideró que el aumento de las quejas obedece a que la gente desconocía la posibilidad de acudir a dicha instancia, para resolver el problema.

Mencionó que hubo otro tipo de problemas reportados, entre ellos el que no había suficientes sucursales y cajeros de Bansefi para retirar el dinero, y añadió que en algunos casos la institución financiera desactivó la tarjeta, “en algunos asuntos por alguna complicación de información o porque hubo algunos temas de clonación y en otros casos porque había personas con el mismo nombre y para efecto de banco de datos parecía como si se estuviera duplicando la entrega de recursos”.

Carlos Flores manifestó que los damnificados están a tiempo de reclamar y lograr la liberación de los recursos del Fonden.

Añadió que, ante la posibilidad del cambio de nombre de la institución bancaria, no habrá problemas porque ya existe un respaldo y los datos de los beneficiarios siguen en las mismas bases de información.