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Perdidos, 38 millones en cuotas al IMSS descontados pero que no se pagaron


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A mediados de noviembre concluye el plazo formal para la entrega-recepción del gobierno estatal.

Continúan las revisiones de nóminas y demás recursos del gobierno del estado, pues a mediados de noviembre concluye el plazo formal para la entrega-recepción. La secretaria de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, indicó que se han ido identificado más detalles, tales como el adeudo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por 38 millones de pesos correspondientes a plazas de diferentes niveles.

La funcionaria estatal comentó que se trata de cuotas al IMSS que sí fueron retenidas, pero que no fueron enteradas o entregadas al Seguro Social, en el lapso de abril a septiembre del 2017.

Mencionó que en los dos últimos años se hizo un proceso para tratar de actualizar y poner al corriente esos pagos al Seguro Social. “El tema se refiere a la deuda que se tiene con el IMSS sobre cuotas. Tiene que ver en base a como se clasificaba el sueldo, es decir, lo que se reportaba realmente ante cuotas… se buscó integrar lo que realmente era el salario”.

Zavala Zúñiga dejó en claro que es una “irregularidad en organización” y administración, porque parte del salario o complemento se tenía en otra nómina en la Secretaría de Hacienda.

Pero detalló que conforme avanza la revisión, han observado que no sólo se trataba de salarios de altos funcionarios, sino de puestos de diversos niveles, incluso de base sindical, lo que ha generado atrasos en los pagos de ciertos meses del año 2017.

Dijo que desconocen por qué no se entregaron esas cuotas, lo que ha generado el retraso en pagos al instituto y que a final de cuentas muy posiblemente se tendrán que pagar al IMSS, porque “el hecho de retener cuotas de cualquier tipo y no enterarlas es una irregularidad, lo que hoy no hemos detectado es el destino de esas cuotas y por qué no se enteró y por qué sólo durante esos meses… Los trabajadores de esa nómina no sólo son de confianza, son de distintos puestos y corresponde a los meses de abril y septiembre del año 2017”.

Recordó que cada secretaría y organismo lleva a cabo su propio proceso de revisión y entrega-recepción y todos los titulares están obligados a dar el reporte a mediados de noviembre, cuando vence el plazo de 45 días, sobre lo que encontraron y “sobre lo que no encontramos también”.

Apuntó que de manera paralela se ha dado cuenta a la Consejería Jurídica para que se analice qué acciones legales serán iniciadas con base a los elementos recabados.

Por otra parte, aseguró que sí se ha dado una reducción de plazas con la reestructuración mediante separaciones voluntarias y algunos otros mecanismos. Dijo que no se puede precisar el dato de cuántas bajas de personal habrá y cuál será el ahorro, porque continúan algunos procedimientos, como el de extinción de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

 

 

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Tlaulli Preciado

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