Irregularidades en materia de obra pública en el sexenio anterior alcanzan los mil 300 millones de pesos.
Durante el periodo vacacional se suspendió la remoción de barreras del Paso Exprés, pero deberá continuar, informó el secretario de Obras Públicas del estado, Fidel Giménez-Valdés. Por otra parte, aseveró que la dependencia ya cumplió con su parte al iniciar denuncias sobre presuntas anomalías cometidas en la pasada administración y resta que la Fiscalía Anticorrupción cumpla con su función.
En entrevista, el funcionario local aseguró que no cesarán en señalar los actos de corrupción cometidos en el gobierno pasado que han ido identificando, pero apuntó que -conforme a derecho- ya se iniciaron las denuncias y están a la espera de que las instancias correspondientes actúen.
Comentó que hasta donde tiene conocimiento, la extitular de esa dependencia solicitó un amparo de la justicia federal, pero le fue negada la suspensión provisional, por lo que la Fiscalía podría llevar a cabo citatorios y demás diligencias.
“Tengo plena seguridad de que hay responsabilidad penal y no vamos a cejar, no quitaremos el dedo del renglón; el gobernador ha dicho que impunidad cero”, expresó, al subrayar que las irregularidades están a la vista y se tienen que deslindar responsabilidades.
Este jueves recordó el caso de las comandancias de la Policía de Jonacatepec y Cuautla que no fueron terminadas, ya que las obras se dejaron abandonadas con menos de un 40 por ciento de avance.
Al hablar de la gravedad de dichas anomalías, apuntó que se exige a los elementos policiacos resultados, pero es evidente que los agentes están trabajando en condiciones inapropiadas, al igual que en el municipio de Huitzilac.
Giménez-Valdés apuntó que tendrán que esperar los tiempos de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, al apuntar que se trata de conductas que podrían ser configuradas como delitos del fuero común y, por lo tanto, no es factible solicitar la intervención de la Procuraduría General de la República.
Externó que se han analizado otras opciones para que dichos actos no queden impunes, como proceder desde el punto de vista administrativo, pero insistió en que no es posible adelantar los tiempos. La estimación preliminar sobre el monto de las irregularidades es de mil 300 millones de pesos, pero el daño patrimonial tendría que ser cuantificado por la multicitada fiscalía y los jueces.
Dejó en claro que no hay riesgo de prescripción de los posibles delitos y, por ende, insistirán el tiempo que sea necesario. Informó que -hasta ahora- no se ha judicializado ninguna carpeta derivada de las denuncias que formuló esa dependencia desde el año pasado.
Respecto al retiro de las barreras de los carriles que estaban confinados en el Paso Exprés, el secretario de Obras Públicas informó que se suspendió esta labor debido al período vacacional, pero dejó en claro que la Federación deberá continuar hasta completar el proyecto.
Ya han observado que se hizo la preparación para retirarlas en otro tramo, apuntó el funcionario, al señalar que no será posible retirarlas en su totalidad, por temas técnicos de desnivel en carriles, pero aseguró que el plan sigue adelante.
Aseguró que ya se han visto los primeros resultados positivos de esta medida, como cuando un grupo social bloqueó los accesos a Cuernavaca y los camiones de carga se estacionaron en la lateral, lo que permitió que no se interrumpiera totalmente la circulación hacia a Acapulco.
Enfatizó tajante que se redujo de forma sensible el número de accidentes, al pasar de 50 en seis meses, a prácticamente cero casos. Explicó que hubo una carambola, pero debido a que no se respetaron los límites de velocidad, no por los muros.
