No hay indicios de que el móvil del ataque armado del pasado 8 de mayo en el primer cuadro de Cuernavaca sea político, dice el Jefe de la Oficina de la Gubernatura.
El Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, negó que el gobierno del estado haya quitado la vigilancia personal al empresario y líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Jesús García Rodríguez, asesinado en los hechos violentos del 8 de mayo en el zócalo de Cuernavaca, pues en esta administración nunca la solicitó.
En entrevista, el funcionario estatal negó las versiones que se han dado a conocer en algunos medios de comunicación, en el sentido de que el día del homicidio el también empresario no llevaba custodia personal.
Al respecto, señaló que el líder cetemista jamás solicitó vigilancia ni la tuvo, por lo menos en esta administración.
Apuntó que la Fiscalía General del Estado sigue las investigaciones, pero consideró que para el gobierno estatal no hay indicio alguno de que el móvil sea político, y en su momento esa instancia dará a conocer los resultados.
Por otra parte, Sanz Rivera indicó que -hasta donde tiene conocimiento- se canceló la reunión que se tenía programada con comerciantes para este martes. Reiteró que se hará cumplir el decreto correspondiente que otorga la responsabilidad sobre la plaza de armas al gobierno estatal, pero en el resto del primer cuadro y de la ciudad le corresponde al Ayuntamiento de Cuernavaca.
En cuanto a las medidas de seguridad para la sede del Poder Ejecutivo tras los hechos violentos del 8 de mayo, mencionó que se analizará reforzar las medidas de precaución en el palacio de gobierno. Estimó que por ahora no hay indicios que apunten a un hecho relacionado con integrantes del gabinete, por lo que hasta ahora no se ha considerado brindar protección o seguridad especial al secretario de Desarrollo Social, Gilberto Alcalá Pineda, quien estuvo en el momento de los hechos, o a cualquier otro integrante del gabinete.
En otro tema, refirió que el caso del ataque a trabajadores del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) ubicado en Coatlán del Río está en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), y las peticiones de los trabajadores de dicho penal son competencia de la Federación.
Comentó que hay coordinación entre los dos niveles de gobierno, por lo que se colaboró para el traslado de los cuerpos, pues eran originarios de otras entidades, pero hizo notar que las medidas de seguridad que reclamaron los trabajadores en una protesta ayer por la mañana son parte de la competencia del gobierno federal.
Por ahora las investigaciones sobre el ataque sucedido en Puente de Ixtla el pasado 10 de mayo las lleva la Fiscalía General del Estado y, en un momento dado, si hay elementos, será atraída por la Fiscalía General de la República.
