La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación general dirigida a los gobiernos federal y los estados, con la finalidad de que apliquen políticas públicas tendientes a revertir las condiciones de pobreza y marginalidad de los jornaleros agrícolas.

Al emitir la recomendación general 36, el organismo solicitó a esas autoridades elaborar conjuntamente un diagnóstico nacional para identificar a la población jornalera agrícola, los flujos migratorios, las entidades federativas de origen y destino, y las problemáticas recurrentes para impulsar acciones y programas para hacer efectivo el goce de sus derechos humanos.

También recomendó considerar las deficiencias observadas en el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) e intercambiar información relacionada con ese grupo poblacional y los centros o empresas agrícolas para integrar o actualizar un registro único de éstos y favorecer las acciones de supervisión;  celebrar los instrumentos jurídicos que permitan la ejecución de proyectos en beneficio de esas personas; y garantizar que las unidades de trabajo y albergues que subsistan cuenten con los servicios básicos y sanitarios pertinentes.

Destacó que el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas no está contemplado en el Presupuesto de Egresos 2019 y si bien presentaba deficiencias en su operación y había áreas de oportunidad para su mejora, preocupa a la CNDH la ausencia de programa o política pública que cuente con alguna acción en concreto, y refrendó la obligación de los Estados de asignar hasta el máximo de sus capacidades los recursos para la vigencia de los derechos humanos. 

El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, tal obligación subsiste aun frente a recortes o ajustes presupuestales, sin perjuicio de las medidas que se adopten para el mejor y más efectivo manejo de los recursos públicos.

Durante la integración del expediente que dio origen a la recomendación general, detectó que falta coordinación interinstitucional entre las autoridades laborales federales y locales, y entre las dependencias a las que compete la salvaguarda y satisfacción de los derechos de ese grupo poblacional, subrayó la carencia y actualización de información de centros o empresas agrícolas y ausencia de diligencia en las inspecciones ordinarias y extraordinarias.

Además, recordó que la ley contempla desde 2017 en el artículo 123 que es un trabajo de riesgo y prohibe el trabajo infantil en los ranchos jornaleros, es muy importante que se cumpla con la normatividad sobre las condiciones dignas de trabajo y la aplicación de programas sociales para que los niños estén en las escuelas y no en los campos, a donde los llevan sus familias por necesidad.

Debido a la falta de información y su actualización, la CNDH refirió en esta recomendación general los datos de la Encuesta Nacional Jornalera Agrícola elaborada en el año 2009 por la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), mediante la cual se identificó aproximadamente a 2 millones 40 mil 414 personas jornaleras agrícolas –40% de origen indígena—, y a partir de la encuesta se estimó una población jornalera migrante actual aproximada de 2 millones 71 mil 483 personas.

De acuerdo con “Enlaces y Voces Mesoamericanas” y “Red de Jornaleros Internos”, el 50% de las personas jornaleras agrícolas procede de los estados con mayor marginalidad en el país, especialmente de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Guerrero, y que tienen los porcentajes más elevados de población en situación de pobreza, donde las principales carencias sociales se relacionan con el rezago educativo, calidad y espacios en la vivienda, acceso a los servicios básicos y a la seguridad social.

Por ello, la CNDH recomendó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a los gobernadores fortalecer la competencia de las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, e impulsar un modelo de protección laboral que considere las distintas etapas de reclutamiento y contratación, ya sea a través del Programa de Apoyo al Empleo o independiente de éste.

También, establecer un programa específico de inspección a centros con actividad agrícola, así como de las condiciones en que viven las personas jornaleras agrícolas y sus familias en las comunidades de destino.

A la Secretaría de Bienestar le solicitó concretar la elaboración y aplicación de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas, considerando la perspectiva de género, la edad y la diversidad cultural; y al IMSS se le recomendó fortalecer las acciones para incrementar el registro de patrones del campo y personas jornaleras agrícolas afiliadas a ese instituto.

En Morelos tampoco existen cifras actualizadas sobre el número de jornaleros agrícolas que llegan a los campos a trabajar en el corte de caña y cosecha de hortalizas, jitomate, elote. Pero se estima que más de 5 mil y, en ocasiones, más de 10 mil, llegan a trabajar a los municipios de Ayala, Cuautla, Tlayacapan, Totolapan, Atlatlahucan, Jojutla, Tlaltizapán y Puente de Ixtla.

La mayor parte son de origen indígena, provenientes de los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla e Hidalgo, principalmente.