Consejo Ciudadano de Seguridad pide que se regule el uso de escoltas.
El Consejo Ciudadano de Seguridad consideró necesario regular a los escoltas y establecer criterios que permitan a las autoridades determinar qué personas son susceptibles de tener seguridad, para evitar distraer personal policíaco y atropellos en contra de la ciudadanía.
El presidente del consejo, Rafael Rueda Moncalian, dijo que actualmente elementos de la policía estatal y de la Policía de Investigación Criminal (PIC), adscritos a la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía General del Estado son asignados a labores de protección y custodia de funcionarios o personajes públicos, en detrimento de las corporaciones de por sí mermadas en número.
“Es un tema que nosotros también queremos llevar a las mesas (sobre) los escoltas, debería haber un cuerpo especial de escoltas para funcionarios y lamentablemente lo que se ha hecho desde hace muchos años, se toman los policías preventivos, se toman los ministeriales (hoy agentes de investigación criminal), y entonces esos son los que están de escoltas de funcionarios”, explicó.
Consideró que uno de los graves yerros de los ayuntamientos en el manejo de las policías municipales fue utilizar discrecionalmente a los policías preventivos como guaruras de ediles, regidores y hasta de familiares de los servidores públicos, además de asignarles labores ajenas a su labor policial.
En su opinión, debería generarse un marco normativo que regule a los escoltas, desde qué dependencia sería la encargada tener un cuerpo especializado de protección y custodia, hasta el tipo de capacitación y las reglas de conducta que deben seguir para evitar prepotencia y abusos con la ciudadanía sólo por portar una placa, un arma y tener la comisión de escolta.
Recordó los problemas que se suscitaron en la pasada legislatura, cuando algunos diputados tenían asignados escoltas que cometieron abusos, incluso, contra miembros de la prensa.
Ante la inseguridad que priva en todo el país, reconoció que es frecuente encontrar personajes o funcionarios públicos con escoltas, pero es necesario regular a estos elementos como se hizo en el Estado de México, donde hasta los vehículos son rotulados para cuestiones de identificación y para que ser escolta no sea sinónimos de abuso e impunidad.
Agregó que en el caso de la CES y la FGE, un marco regulatorio en este tema les sería de mucha ayuda, pues no sólo se evitaría distraer sus recursos humanos para cumplir con sus funciones y objetivos, sino para tener mayor control sobre el personal de protección y custodia y disponer de criterios de riesgo para evaluar en qué casos efectivamente es necesario asignar escoltas a una persona.
