La Fiscalía General (FGE) emitió el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio, que incluye los casos de la comunidad LGTTTBQ.

El nuevo instrumento tiene como propósito incorporar acciones estandarizadas con perspectiva de género, enfoque diferencial y de derechos humanos para la adecuada investigación del feminicidio, conforme al Código Penal para el Estado de Morelos.

El nuevo protocolo fue redactado por la Coordinación General de Servicios Periciales, la Coordinación General de la Policía de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada para la investigación y persecución del delito de Feminicidio de la FGE, con la colaboración del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

De acuerdo con el documento, se considera muerte violenta de una mujer aquella ocasionada por causas no naturales, incluidas aquellas que parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes, en los que la autoridad está obligada a aplicar el protocolo, incluyendo los casos de persona travestis, transexuales y transgénero.

También se establece que el protocolo será aplicable en la investigación de los casos en los que la violencia ejercida no privó de la vida a la víctima, pero fue ocasionada en un contexto de discriminación y violencia.

También prevé el funcionamiento de la Unidad de Análisis y Contexto, como parte de la metodología para estudiar diversos casos de violaciones graves a derechos humanos desde un enfoque jurídico y político, los cuales responden, a la realidad en que los hechos ocurrieron.

Cuando la investigación se trate de tentativa de feminicidio, se le reconocerá a la víctima, la calidad de víctima directa, estableciendo distintas medidas de apoyo y protección

Para evaluar y dar seguimiento del procedimiento de investigación ministerial, policial y pericial en casos de muertes violentas de mujeres, se estipula la  integración de un comité de evaluación, cuya función principal será el conocer los obstáculos para la implementación del protocolo en los casos de muertes violentas de mujeres y tentativa de feminicidio.