Por los presuntos delitos de secuestro exprés, secuestro agravado y asociación delictuosa, fueron imputadas ante un juez 76 personas.
De manera excepcional, la audiencia de formulación de imputación de 57 adultos se realizó en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia, donde el juez de control resolvió la legal detención y la prisión preventiva en tanto se realiza la audiencia de vinculación a proceso.
En el caso de los 19 menores, el Tribunal Unitaria de Justicia para Adolescentes (TUJA) desahogó la audiencia de formulación de imputación a través de videoconferencia y el juez especializado resolvió también la legal detención y ordenó el internamiento preventivo en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA), en tanto se realiza la audiencia de vinculación a proceso.
Respecto al segundo grupo de detenidos, este sábado se desarrolló la audiencia de formulación de imputación de más de 60 personas, a quienes se les imputaron diversos delitos, tras la manifestación violenta realizada a las afueras de la fiscalía antisecuestro para exigir la liberación de sus compañeros detenidos un día antes por la toma de la caseta de Alpuyeca, el secuestro de tres choferes y el robo de autobuses. Al cierre de edición, la audiencia de formulación de imputados continuaba.
FIDAI INVESTIGARÁ POSIBLE TRATA DE PERSONAS
La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) indagará la posible trata de personas dentro de la red de personas dedicadas a la toma de casetas, y que hace unos días fueron detenidas en flagrancia e imputadas ante un juez por la probable comisión de varios delitos en agravio de particulares y la paraestatal Caminos y Puentes Federales (Capufe).
La titular de la FIDAI, Adriana Pineda Fernández, detalló que hasta el momento han sido imputados ante un juez por los presuntos delitos de secuestro, secuestro agravado, asociación delictuosa, daños, lesiones y lo que resulte, un total de 144 personas, de las cuales 133 son adultos y 19 adolescentes.
Tres menores más, por tener menos de 13 años y ser considerados inimputables, fueron puestos al resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.
Indicó que la fiscalía integra las carpetas de investigación por delitos en flagrancia cometidos por las personas detenidas por la toma de la caseta de Alpuyeca y la manifestación violenta a las afueras de las Fiscalía Antisecuestro, pero también sigue otras aristas relacionadas con delincuencia organizada y, en el caso de los menores, la posibilidad de que ellos hayan sido víctimas de trata de personas.
Recordó que varios de los menores, provenientes del estado de Guerrero, en el momento de la detención no estaban acompañados por su padres y se busca una respuesta de porqué estaban solos y si también eran víctimas de algún tipo de violencia.
“Esa es una actividad que vamos a empezar a trabajar. Justo ayer tuve una conversación con el titular de la Procuraduría de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, para que llevemos a cabo un estudio técnico integral que nos permite visibilizar qué es lo que está ocurriendo con estos menores de edad, en calidad de qué se los están trayendo, por qué no están aquí algunos de ellos con su padres, por qué están solos aquí, quién los está manipulando, cómo los están reclutando.
“Por supuesto que es el trabajo de una investigación que está iniciando en ese sentido. Ahorita nos avocamos al hecho flagrante, pero de ahí están derivando otras líneas de investigación que nos puede llevar a trata de personas o nos pueden llevar a actos de corrupción de los menores a cargo también de los papás”, explicó.
Pineda Fernández expresó que las carpetas de investigación se integran con la colaboración de autoridades federales y de otros estados, para indagar cómo estos grupos de “toma casetas” operan en territorio nacional y si es pertinente que la Fiscalía General de la República ejerza su facultad de atracción sobre el caso.
“Tenemos datos preliminares que estos grupos tienen conexión con otros que están operando en otras entidades como Puebla, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Ciudad de México, y que esta relación, estaríamos frente una figura, no de una organización social pidiendo una cooperación voluntaria, sino a una organización dedicada a la extorsión de automovilistas que transitan en vías carreteras.
“Entonces estamos analizando si hacemos el planteamiento a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para la atracción del asunto, pero por lo pronto la competencia es del fuero común”, precisó.
En tanto, el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara, informó que los 144 imputados están en el penal de Atlacholoaya y las comisiones nacional y estatal de derechos humanos han supervisado todo el proceso jurídico y las condiciones físicas en que se encuentran, sin que hasta el momento haya alguna observación por parte de ambos organismos.
También se informó que varios ciudadanos, la empresa de transporte de pasajeros Pullman de Morelos y Capufe, promovieron sendas denuncias.
