Organizaciones ambientalistas y brigadas contra incendios emitieron una carta dirigida a los tres niveles de gobierno para solicitar una acción inmediata ante la crisis ambiental generada por los incendios forestales ocurridos en esta temporada de sequía.

En el estado de Morelos hasta el momento se han registrado 77 incendios forestales -de acuerdo a datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor)- con una afectación forestal de 513.59 hectáreas, lo que coloca a Morelos como la cuarta entidad federativa con mayor número de incendios y de superficie afectada en vegetación sensible al fuego. 

En el documento refieren que ante la situación que viven los ecosistemas forestales y las mismas comunidades, la sociedad civil ha tomado acciones organizadas para colaborar desde sus posibilidades para combatir y gestionar recursos en especie para atender los incendios forestales. 

Agregan que ante los siniestros ocurridos recientemente han identificado que no hay un trabajo coordinado en los diversos niveles de gobierno, lo que provoca que no se atiendan oportunamente las situaciones de emergencia en los ecosistemas vulnerables al fuego.

Consideraron necesario que el gobierno federal destine un presupuesto digno a Conafor (instancia encargada de proteger los bosques) ya que tuvo un recorte de 8.6 por ciento anual en el presupuesto del ejercicio fiscal 2021. 

También solicitaron restablecer el Fondo de Desastres Naturales como bolsa de emergencia para los municipios afectados en caso de siniestro. 

A nivel estatal y municipal pidieron fortalecer los trabajos colaborativos entre ciudadanía y gobiernos para la implementación de brigadas comunitarias de prevención y combate de incendios; restablecer los comités técnicos para el tema de prevención y atención de incendios con los diversos sectores, como establece la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; crear programas de educación ambiental para la prevención y atención a incendios para los sectores campesinos, ejidales y urbanos y establecer los mecanismos para penalizar las quemas forestales ilícitas, en los que se proteja al denunciante o defensor de su territorio.